El caso Maldonado cristalizó, y profundizó, un secreto a voces dentro del gobierno nacional: las diferencias internas en el gabinete y también entre la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y el viceministro, Eugenio Burzaco, sobre el manejo de la Gendarmería y las fuerzas federales.
A la defensa cerrada que venía sosteniendo Bullrich de los gendarmes en el caso de la desaparición del joven artesano, sumado al silencio de Burzaco, ex jefe de la Metropolitana e histórico asesor en seguridad del macrismo, se agregó además la intervención del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y el ministro de Justicia, Germán Garavano, para dejar abiertas todas las hipótesis.
A tal punto que la orden que emitió la Casa Rosada fue que la ministra de Seguridad baje su perfil, y que Garavano y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj –hombre de Peña–, sean los nuevos voceros. De hecho, esta semana Avruj viajó con el viceministro de Justicia, Santiago Otamendi, a visitar al juez de Esquel, Guido Otranto, mientras que Garavano ofreció pagar con fondos de su ministerio a dos expertos en búsqueda de personas a pedido de la familia Maldonado. Mañana Peña y Garavano recibirán a Amerigo Incalcaterra, el representante de Naciones Unidas en materia de Derechos Humanos.
De fondo, la tensión sigue subiendo en el área de Seguridad. Bullrich y Burzaco vienen librando una guerra fría en el seno del ministerio. “No coinciden en nada, ni en lo operativo, ni en lo comunicacional ni en la forma de conducir a las fuerzas”, describió crudamente a PERFIL un importante funcionario del área.
Una anécdota ilustra la relación entre ambos. Cuentan en el Gobierno que cuando Mauricio Macri anunció que Bullrich sería su ministra, Burzaco fue a verlo de manera personal para saber si tendría un cargo en esa estructura. Macri le respondió, seco: “Andá a ver a Patricia”. Cuando se reunieron ambos, él le dijo que el Presidente le había ofrecido la Secretaría de Seguridad. Ella le dio el “ok” y Burzaco lo anunció públicamente. Cerca de Burzaco dicen que el ofrecimiento partió de Macri.
Así las cosas, el viceministro se ha quejado del presunto personalismo de la titular de la cartera en la toma de decisiones y en su accionar. Por su lado, en el entorno de Bullrich creen que Burzaco tiene una dinámica lenta en su gestión (una crítica que ya sonaba cuando estuvo a cargo de la Metropolitana).
Una de las últimas decisiones que generaron ruido fue sacar del área del ex jefe de la Metropolitana la Dirección de Inteligencia Criminal para que se sumara a la Secretaría de Seguridad Interior, a cargo de Gerardo Milman, un hombre de confianza de Bullrich. En ese cargo estaba Juan Patricio Furlong, quien trabaja con el viceministro de Seguridad desde hace largos años y tenía a su cargo la investigación de Delitos Complejos. Meses atrás también la ministra le quitó el área de estadísticas.
Tampoco le gustó nada a Burzaco cuando Bullrich colocó a una suerte de interventor de su confianza para que trabajara en la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), cuyo titular, Alejandro Itzcovich Griot, fue recomendado por el viceministro.
Aunque a la mesa tripartita que comparten Ciudad, Provincia y Nación ambos siguen concurriendo juntos, fuentes oficiales coinciden en que la relación es pésima y que nunca los vieron cómodos trabajando codo a codo.
Por otro lado, a Burzaco nunca le gustó que Bullrich haya armado un vínculo directo con los jefes de las cuatro fuerzas a cargo del ministerio: Policía Federal, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. La ministra, hiperactiva, se recostó fuertemente en Néstor Roncaglia (PFA) y en el comandante general Gerardo Otero, jefe de los gendarmes, a pesar de que orgánicamente dependen del viceministro.
Sobre el caso Maldonado, Burzaco aún no pronunció palabra alguna –no respondió a los llamados de PERFIL–, aunque en su entorno afirman que en las reuniones sobre el tema esboza una mirada más analítica sobre las facciones de mapuches y la cuestión de los movimientos del RAM sin hacer hincapié en Gendarmería.
La Justicia le pide al Gobierno que apure un exhorto a Chile
La hipótesis que apunta a la supuesta responsabilidad de la Gendarmería en la desaparición de Santiago Maldonado sigue siendo, al cierre de esta edición, la pista más firme para la Justicia, como informó PERFIL en su edición de ayer.
Una de las principales sospechas contra la fuerza se debe a la parcialidad de los registros en video y fotos del operativo de desalojo del 1º de agosto, en el que habría desaparecido Maldonado. Los investigadores vienen observando fallas y ausencias en estos registros. Faltan las fotos e imágenes de video de un momento clave: cuando los gendarmes ingresan al terreno, entre la ruta y el río.
Los teléfonos son otro misterio de este caso. Ni los dos aparatos celulares de Maldonado en Argentina ni el móvil chileno pudieron ser hallados.
La semana pasada, el juez y la fiscal pidieron colaboración al Gobierno para agilizar la llegada de información desde Chile. Ese país debe contestar un exhorto en el que se le solicitó información sobre el teléfono chileno que estaba en poder de Santiago Maldonado.
Ese mismo 31 de julio, Maldonado accedió por última vez al chat de WhatsApp, que utilizaba en ese celular chileno, y a Facebook. Al día siguiente, desapareció durante el operativo de Gendarmería en la Ruta 40 y las tierras en disputa con la comunidad mapuche, según relataron los testigos y distintos integrantes de su familia.
El último dato sobre ese teléfono es que recibió una llamada el 2 de agosto, pero la información es parte del testimonio de un amigo chileno del joven tatuador que aún no se pudo confirmar.
