El Congreso de la Nación fue escenario de una nueva presentación del proyecto de ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) este martes 28 de mayo. En una jornada que contó con actividades en más de cien ciudades y una conferencia en el anexo de Diputados, la iniciativa —impulsada por la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito— se lanzó en el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres.
Las organizaciones feministas redoblan los esfuerzos para visibilizar el debate de una norma que se impulsó más de media docena de veces, y que tuvo su punto más álgido con la sanción en la Cámara de Diputados en 2018, aunque luego fue rechazada en el Senado. Este año, el proyecto de ley deberá sortear diversos obstáculos para su tratamiento en el recinto. Muchos creen que esto no sucederá antes de 2020. “Es un año electoral, casi no va a haber sesiones en el Congreso y además es un tema que divide aguas”, explicó a PERFIL una alta fuente legislativa de Cambiemos.
La primera barrera a superar será un Congreso paralizado en medio de la campaña. En lo que va de 2019, aún cuando todavía no se formalizó el cierre de listas, hubo poco más de dos sesiones por cámara. "Apostemos a que esta ley tenga sanción y que tenga sanción este año electoral. Quienes pretendemos ocupar lugares en la función pública tenemos la responsabilidad de saldar una vieja deuda de la democracia con las mujeres, la sanción de esta ley. En un año electoral, les candidates nos tienen que decir si quieren legalidad o quieren clandestinidad", reclamó en un comunicado la diputada Victoria Donda, primera firmante de la iniciativa.
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Consultada por PERFIL, la legisladora Mayra Mendoza, del FPV, afirmó que este año tal vez "no se tenga la misma suerte" que en 2018 porque "la integración de las cámaras es la misma" y éste es un año de elecciones. "(La presentación) es un nuevo paso dado en esta lucha volver a poner el tema en agenda legislativa, demostrando que el tropezón del año pasado en el Senado no afectó a la capacidad de este colectivo de impulsar su agenda”, expresó. Silvia Lospennato, diputada del PRO y representante del sector oficialista a favor de la IVE, también recalcó la importancia de que el proyecto tenga vigencia parlamentaria. "El objetivo es que siga en la agenda y en el debate público la necesidad de legislar este tema”, afirmó ante la consulta de este medio.
El debate por la legalización ya se metió en la campaña. Alberto Fernández fue uno de los primeros precandidatos en pronunciarse sobre el tema luego de que se conociera su postulación presidencial junto a Cristina Fernández de Kirchner. “A mí me parece que es un tema que parte a la Argentina en dos, y los temas que dividen no son buenos temas”, expresó hace días, y agregó: “Me parece que no debería ser un delito y eso podríamos empezar a trabajarlo, sin necesidad de avanzar tan rápidamente en la legalización”. Sus palabras le valieron críticas de diferentes ámbitos, pero no fue el único quien opinó sobre la iniciativa.
Roberto Lavagna se expresó hace unos meses por primera vez sobre la interrupción voluntaria del embarazo y aseguró que en lo personal "no está acuerdo", aunque abogó para que “se aplique el fallo de la Corte Suprema en todo el país sobre el aborto en casos de violación o peligro de muerte para la madre". Por su parte, Sergio Massa dijo: “Que en el siglo XXI una mujer tenga pena, tenga una condena por hacerse un aborto, es delirante. Pero ojalá el tema del aborto no cruce la campaña porque, más allá de la cuestión de valores, atrás están las mujeres que se tienen que hacer un aborto”.
Para Martha Rosenberg, médica psicoanalista y pionera de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, "la expectativa es que sí se trate" a pesar de que pueda resultar "incómodo" para algún espacio. "Nosotros como Campaña no vamos a bajar el tema. Vamos a hacer todo lo posible para que esto se trate y se apruebe", expresó y aseguró que el proyecto "no es piantavotos".
"Nosotros, como Campaña, no vamos a bajar el tema. Vamos a hacer todo lo posible para que se trate y se apruebe".
El segundo inconveniente que deberá enfrentar el proyecto es que las cámaras de Diputados y Senadores tienen la misma conformación que en 2018. "Con la misma composición vas a tener los mismos resultados porque los políticos ya pagaron el costo a favor o en contra de la posición que eligieron. Hoy cambiar tendría un costo mucho más alto", explicaron desde el Congreso a PERFIL. Esto complicaría la posibilidad de que se modifiquen los votos que se expresaron en Diputados y en el Senado.
El proceso legislativo de este año, se espera, será similar al de 2018. El proyecto ingresó por mesa de entrada de Diputados y la Secretaría parlamentaria debe darle giro a las diferentes comisiones. En este punto, serán los propios presidentes de cada área los que deberán convocar al debate. "Las comisiones pueden llamar a reunirse o no. Hay comisiones que no se mueven por un montón de tiempo. Depende de los presidentes de cada comisión", explican fuentes legislativas a este medio. En otras palabras, será una cuestión de "voluntad política".
“El cómo y cuándo va a depender de los consensos que se puedan construir. Al no tener nuestra fuerza política la mayoría y en un año electoral los proyectos que dividen a la Cámara requieren de un consenso importante que hay que trabajarlos y buscarlos. En ese marco, empezaremos a trabajar para buscar ese consenso en el entendimiento de que, además en un año electoral, hay que ver cuándo se puede dar esa posibilidad”, expresó el diputado del PRO, Daniel Lipovetzky a PERFIL.
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Desde el palacio legislativo creen que la iniciativa entrará a las mismas cuatro comisiones en las que se trató el año pasado: la de Legislación General; la de Legislación Penal; la de Familia, niñez, mujer y adolescencia; y la de Acción Social y Salud Pública. En 2018, el proyecto se dictaminó en una reunión conjunta de todas las comisiones, con Legislación General como cabecera, a cargo de, justamente, Lipovetzky.
Tras llegar a un dictamen, para que el proyecto pueda ingresar finalmente al recinto, los jefes de cada bloque en Labor Parlamentaria deberán decidir su tratamiento. Otra vez, una cuestión de voluntad política. "En los años electorales cuesta más que los proyectos salgan. Y más este año que se elige Presidente y vicepresidente", aclaran a PERFIL.
AB/FF
