El Gobierno trabaja en los últimos detalles del proyecto de reforma política que enviará al Congreso entre fines de abril y principios de mayo, y que tendrá como ejes el cambio de la boleta de papel a la electrónica y la unificación de los calendarios electorales de Nación y provincias. Además, incluirá la obligatoriedad del debate presidencial. Mientras, en Diputados, el radicalismo ya trabaja en propuestas de cambio para la iniciativa.
“De las charlas que tuvimos con los partidos políticos vemos que hay un gran consenso para salir del sistema de votación que tenemos actualmente y pasar a la boleta única electrónica (BUE)”, confirmó a PERFIL el secretario de Asuntos Políticos y Fortalecimiento Institucional del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, quien tiene a su cargo el proceso de elaboración de la reforma. Pérez inició en el mes de enero rondas de consultas en las que participaron representantes de todos los partidos políticos, ministros de Gobierno provinciales y jueces con competencia electoral.
Pese al consenso sobre cuál será el sistema, todavía resta definir cómo se implementará. La Rosada analiza si el Estado debe hacerse cargo de todo el proceso o puede tercerizar una parte, dado que se necesitarían 120 mil máquinas para la implementación en todo el país. Es por eso que la reforma podría comenzar a hacerse de manera gradual. “Estamos pensando en una reforma 2016-2019, que tendría distintas etapas”, confirmó Pérez.
Otra discusión que todavía no está saldada es qué área tendrá el control del órgano electoral. Hoy depende del Ministerio del Interior, pero la Justicia pretende controlar el proceso de elecciones a través de la Cámara Nacional Electoral. Según Pérez, “no está definido”.
En Diputados, el radicalismo quiere consagrar un proceso de sanción de leyes con “el modelo holdouts” –es decir, con mucha incidencia del Congreso–, y ya planta bandera con la introducción de modificaciones. “Es fundamental que no sea sólo una reforma electoral sino polìtica. Hay que incluir otros puntos, que deben surgir del acuerdo federal con las provincias”, dice la diputada Carla Carrizo, una de las referentes de la UCR en temas electorales.
Entre las propuestas está la modificación de la ley de partidos para evitar la multiplicidad de candidatos –como sucedió en 2015 en Tucumán–, la proliferación de acoples y listas espejo. El radicalismo pedirá terminar con la ley de lemas y “ordenar la sucesión legislativa”, y buscará rediscutir la proporción de representantes en función de los números actuales de población.
