“No se trata de decir ‘qué suerte, va a haber más presos’, sino de decir ‘qué suerte, van a estar mejor’". El autor de la frase fue el exgobernador de Buenos Aires, Felipe Solá, en febrero de 2007, durante la inauguración de los penales 46, 47 y 48 de San Martín. A lo que no se refirió en ese momento fue al origen de esos terrenos: eran del CEAMSE.
Hasta hace tres meses atrás, por la contaminación ambiental de esa zona, se le daba a cada preso un bidón de 5 litros de agua, ya que la de la cárcel no era potable. Sin embargo, el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) discontinuó el abastecimiento por asegurar que los nuevos pozos construidos contaban con napas de agua potable. Contra la decisión de las autoridades penitenciarias, la Justicia pidió que se vuelva a distribuir agua en bidones por no confiar en los estudios oficiales.
El 6 de mayo, el secretario de Ejecución Penal de San Martín, Juan Manuel Casolati, presentó un hábeas corpus para que se adopten las medidas necesarias que garanticen la salud, la integridad física y psíquica de los internos de las unidades. El 15 de mayo, la jueza de Ejecución Penal de San Martin, María del Carmen Melluso, dispuso que el SPB no podía dar agua de pozos de la zona, dispuso mantener el suministro de bidones por la contaminación, que representa un grave peligro a la salud de los reclusos.
En diálogo con Perfil.com, Casolati explicó la gravedad del asunto: "No se respetó la decisión judicial, en primer lugar". "En segundo, las autoridades resolvieron construir tres cárceles sobre un relleno sanitario. Eso fue inédito", prosiguió. "Encima no hicieron estudio de impacto ambiental ni medición del estado de las napas subterráneas. Hicieron todo así nomás. Y la actual gestión del ministro (Ricardo) Casal construyó una nueva cárcel delante de todo el complejo con los mismos problemas", acusó.
Para el funcionario no hay dudas de que "se ocultaron pruebas importantes, y ese ocultamiento fue doloso. No se trata de errores. Eso es pasible de un delito de acción pública".
Fallo inequívoco. Los fundamentos que dio la jueza Melluso fueron contundentes. "En mi opinión corresponde hacer lugar a la presentación de habeas corpus", señaló en el fallo al que accedió este portal. "No existe disposición alguna dictada por la suscripta mediante la cual se disponga el levantamiento de la medida dispuesta", remarcó la magistrada.
Además, criticó el informe oficial que decía que el agua era potable. "Únicamente ha participado personal del complejo Penitenciario y del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, ambos parte de la presente cuestión que viene suscitándose", argumentó.
Un funcionario de primera línea del Ministerio de Seguridad -quien pidió mantener su identidad en reserva- aseguró que el fallo de la jueza fue apelado. Según explican, por esa razón aún no se reestableció el agua en bidones. Además, aseguró que el 10 de junio se realizará un nuevo relevamiento del agua del establecimiento y ahí se tomará una medida al respecto. "Creemos que el agua es potable", señaló al tiempo que recordó que se hizo una inversión millonaria para los nuevos pozos y que "continuar con un gasto de 600 mil pesos por mes es insólito".
(*) De la redacción de Perfil.com.
