La primera reunión se realizó en julio de 2014 en el edificio central de la AFIP de Bahía Blanca. El problema que los convocaba era la necesidad de encontrar una salida para Lázaro Báez y uno de sus proveedores: la familia Ficcadenti. La discusión giró en torno a cómo lograrían que la firma Grupo Penta no cayera en el listado de empresas apócrifas de la AFIP. El caso no se destaparía públicamente hasta octubre, cuando PERFIL y La Nación revelaron que el empresario kirchnerista está involucrado en un nuevo caso de facturación trucha.
La Justicia Federal tiene una lista de viajes en el jet privado de Báez y su entorno. En uno de los vuelos en el avión de Lázaro, matrícula LV-ZSZ, Martín Báez, hijo del empresario y directivo de Austral Construcciones, viajó ida y vuelta junto al jefe de la Dirección General Impositiva (DGI), Angel Rubén Toninelli, y su hijo Federico, titular de un estudio contable que representa empresas con conflictos ante la AFIP. Salieron de San Fernando el 1º de noviembre de 2012 hacia Río Gallegos, y regresaron juntos al día siguiente. Pero no es el único hecho que une a Báez con el funcionario que debe controlar sus recurrentes problemas fiscales.
Durante ese encuentro de julio de 2014, el jefe regional de AFIP de Bahía Blanca, Juan Carlos Fridenberg, se reunió con el contador de Lázaro en Austral Construcciones, Claudio Bustos, y con uno de los apoderados económicos de Grupo Penta SA. Discutieron cómo lograr que la proveedora de Báez, que estaba siendo auditada por el fisco, no cayera en lo que parecía irreparable: el reconocimiento de la AFIP de que esa compañía es fantasma y que había sido utilizada por Austral y otra constructora como pantalla para evadir impuestos o pagar sobornos.
Finalmente lo habrían logrado: hoy Grupo Penta sigue siendo investigada y, hasta ahora, para la AFIP es una empresa “mixta”: parte de su facturación sería real, y otra parte, falsa. Con esas características, no entraría en la lista de las firmas truchas del fisco, y Báez zafaría. PERFIL logró reconstruir lo que sucedió en esa reunión y en el siguiente encuentro gracias a fuentes del organismo de Bahía Blanca que conocen los detalles de lo conversado.
Cuando las tres partes se reunieron, el contador de Báez, Bustos, explicó que la reunión había sido “idea de Toninelli”. Fridenberg preguntó si Bustos se refería a Toninelli padre o hijo. Bustos respondió que se trataba de Federico. PERFIL consultó a Toninelli padre e hijo. Ambos desmienten haber participado en la gestión para salvar a Penta y a Austral Construcciones. Federico incluso negó cualquier tipo de nexo entre Báez y su estudio. Pero los viajes en jet tiraron por la borda esa teoría.
Casi tres meses después de esa reunión de julio, hubo otro encuentro, al que se sumó un jerárquico de la AFIP que llevaba el caso contra Grupo Penta.
El apellido Toninelli volvió a surgir en la conversación entre las partes. Fuentes directas del encuentro admitieron que Bustos habló de gestiones con Rubén Toninelli y su hijo, y sostuvo que habían acordado un plan de pagos de medio millón de pesos que debía pagar Grupo Penta para regularizar su situación y no caer en la lista negra. Fridenberg coordinó todo desde Bahía Blanca. Alguien pagó la primera cuota, a pesar de que los Ficcadenti estaban fundidos, y luego se cayó el plan por falta de pago. Se armó luego un segundo plan para la firma, como viene relatando este medio basándose en documentación y fuentes directas del caso. PERFIL reveló ayer que Báez quedó comprometido en la causa por supuesto lavado de dinero luego de que la Justicia confirmara que uno de los aviones privados que suele alquilar el empresario estaba en Mendoza el día que se escrituró el campo El Carrizalejo. Lázaro está sospechado de ser el dueño de la propiedad envuelta en una maniobra de lavado.
