Los teléfonos de Lázaro Báez están bajo la mira de la Justicia. El juez federal Sebastián Casanello pidió información sobre las líneas telefónicas del empresario K para investigar un presunto caso de lavado de dinero en la compra de un campo de Mendoza.
Báez está acusado de haber lavado de dinero con la estancia "El Carrizalejo", que Leonardo Fariña compró en diciembre de 2010 en cinco millones de dólares en efectivo. Dos años después, la vendió en 1,8 millones.
Fariña, hoy detenido en el penal de Ezeiza, declaró que la plata se la había dado el empresario. Dos días antes de la indagatoria del empresario se retractó, dijo que mintió, le pidió disculpas y sostuvo que el dinero era de otro empresario, Carlos Molinari. En su indagatoria, Báez declaró por escrito que nunca participó de la compra-venta de la estancia y que no conoció en persona a Fariña, quien se desempeñó en su empresa Austral Construcciones, de la que fue apartado.
Casanello ordenó una serie de medias de prueba para avanzar en la causa, informaron fuentes judiciales a la agencia DyN. Entre ellas, los registros telefónicos (y entrecruzamientos) de Báez, Fariña y Molinari, pero también los del contador Daniel Pérez Gadín, del asesor Fabián Rossi y de Roberto Erusalimsky, el empresario que terminó comprando las tierras.
El juez además solicitó al Tribunal de Tasaciones de la Nación que establezca el valor de "El Carrizalejo" para determinar su precio en diciembre de 2010. También pidió a la Cancillería que informe el estado del exhorto a Estados Unidos que envió en noviembre pasado para que la Justicia de Nevada informe sobre la causa que los fondos buitres iniciaron contra Báez.
Por último, volvió a pedir a la AFIP información sobre una resolución de Suiza acerca de fondos de Báez y convocó a expertos de ese organismo para que analicen la documentación que el empresario presentó por el presunto uso de facturas falsas.
