La inflación del país está desbordada. En momentos donde la pandemia sigue golpeando y el PBI de la Argentina cayó al nivel que tenía hace 12 años atrás, el piso de aumento del costo de vida superior al tres por ciento está provocando caras largas y gran preocupación en el Gobierno, mientras se sigue analizando medidas adicionales para frenar la escalada.
Pese al enojo del ministro de Economía, Martín Guzmán, en la última semana sobre las previsiones de los consultores, que anticipan un nivel inflacionario para el 50 por ciento, el titular de la cartera económica confía en lograr un índice inflacionario en este año levemente por encima de la pauta del 29 por ciento.
Pero el inicio de año y la aceleración de los precios, especialmente los alimentos, están provocando una reducción “estructural” del poder adquisitivo de la gente, situación que se viene arrastrando hace ya mucho tiempo y que se agravó en los últimos tres años.
El tema provocó sonidos de alarma en la Casa de Gobierno y generó intensas reuniones durante la semana pasada para impulsar un freno brusco a la evolución inflacionaria del país.
Acuerdos y controles. A la par que se conocía el dato de la inflación de enero del 4 por ciento, cifra similar a la de diciembre, hubo reuniones del presidente Alberto Fernández con Sergio Massa, titular de la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, titular de la bancada oficialista, Santiago Cafiero, jefe de Gabinete, y Guzmán.
Fuentes de Casa de Gobierno admitieron que en la reunión se observa un clima de gran preocupación por la escalada de precios, especialmente porque el año arrancó con una evolución inflacionaria mucho más elevada de lo que se había estimado y complica el objetivo de Guzmán de evitar el retraso de la actualización tarifaria vía la continuidad del congelamiento.
Como primera medida tras el pésimo dato de enero se decidió reforzar los controles de precios en los distintos rubros, herramienta que ya se ha usado en diferentes etapas del país, con escaso resultado positivo.
Mientras algunas organizaciones sociales vinculadas al oficialismo controlan en supermercados, paralelamente se está analizando ampliar la lista de productos de precios máximos y mantenerlo, al menos, hasta octubre. También se analiza el lanzamiento de ferias municipales, barriales, con precios promocionados, en distintas regiones del país y para ello se están haciendo gestiones con diversas empresas productoras de alimentos y artículos de primera necesidad.
Tal como ocurrió con el programa de la carne, , el objetivo es repetir ese esquema abarcando distintos productos.
Distorsiones. Con relación a lo que es el manejo macroeconómico y su incidencia en la inflación, Economía busca atenuar la emisión monetaria y generar una drástica reducción del déficit fiscal, alcanzando un desequilibrio primario menor al 4,5 % establecido en el Presupuesto.
Desde algunos sectores del oficialismo ven que los objetivos de Guzmán son difíciles de llevar adelante, ya que éstos impulsan medidas de carácter más populista, sin tener en cuenta las desafíos que quedan para el corto y mediano plazo. A pesar que el ministro quiere llevar adelante una “suave actualización de las tarifas de servicios públicos”, en los sectores duros del oficialismo ven que se objetivo no es posible en este momento con una inflación tan elevada y por eso hablan de congelamiento hasta noviembre. “Quizás haya alguna modificación puntual y acotada por los sectores de mayores recursos, pero no mucho más”, resumió otra de las fuentes consultadas.
Por lo pronto, los principales dirigentes empresarios están más alineados con la postura de Guzmán, lo que llevó incluso a que fuera aplaudido en la reunión de la semana pasada con los popes del establishment. Pero, por lo bajo, algunos de estos dirigentes comentaron que se está buscando retrasar el ajuste de la moneda local, con lo cual se corre el serio riesgo de que en el transcurso de los próximos tres o cuatro meses, si sigue la inflación en este ritmo, “el país empieza a ser caro para producir”.
“Además, este año va haber un incremento de la presión fiscal sobre las empresas. Con un tipo de cambio atrasado, como ancla contra la inflación, sin dudas que eso va a generar mayores distorsiones de precios en el mercado interno”, aseguró uno de los principales dirigentes de la Unión Industrial Argentina.
La realidad también demuestra que la capacidad de compra de los ciudadanos está cada vez más reducida y que lejos de aquella idea de “poner plata en el bolsillo de la gente, en realidad está perdiendo día a día”.
Un dato concreto. En diciembre, con una inflación del 4 %, los salarios a nivel general mejoraron tan sólo 1,8 %.
En los últimos tres años, producto de una devaluación notable y una inflación galopante, los salarios perdieron contra el aumento de precios en más de un 20 por ciento.
