La Cámara Federal Porteña decretó, a pedido de la Oficina Anti Corrupción, la nulidad del sobreimiento de Carlos Luzzi, el número dos de Carlos Zannini, ex Secretario Legal y Técnico del gobierno de Cristina Kirchner, por enriquecimiento ilícito. A su vez también se apartó de la causa al juez Luis Rodríguez, acusado de haberlo favorecido en la causa.
La sala II, con las firmas de Eduardo Farah, Horacio Cattani, Martín Irurzun, impuso la sanción de invalidez sobre el juez Rodríguez y solicito que un juez "distinto continúe el trámite asegurando así la posibilidad de la igualdad de armas" entre defensa y querella.
Los camaristas argumentaron que el juez instructor haya hecho "intempestivo cierre de la causa cuando estaba en pleno curso de investigación" y un día después de que la Oficina Anti Corrupción se presentara como querellante.
"En pocas palabras: se le dio al organismo anticorrupción un acceso ficto a la causa luego de lo cual se la cerró de forma inmediata y se le impidió discutir ese criterio por haberse presentado fuera de los 'plazos legales'", cuestionaron los camaristas. Farah, Cattani y Irurzun cuestionaron también al Fiscal Federal, Ramiro González ya que informaron que avaló la desición del juez Rodríguez.
Los camaristas también resaltaron que sobre Liuzzi, ex número dos del secretario Legal y Técnico y ex candidato a vicepresidente kirchnerista Carlos Zanini, "se denunció que su patrimonio aumentó 38 veces" durante su permanencia en la función pública, de 2003 a 2012.
Al ingresar a la Administración Pública, en 2003, Liuzzi presentó una declaración jurada patrimonial con "un monto de $189.339" que se distribuían en una casa, un terreno en Pilar, dos departamentos en la Ciudad de Buenos Aires, dos autos y un tiempo compartido en Bariloche. Este había aumentado, al año 2012, a "7.226.160 pesos". Compró departamentos en Puerto Madero, invirtió en el mercado bursátil y campos en Mendoza. A su vez fue denunciado que contaba con bienes que estaban valuados en más de 10 millones de dólares.
En 2012, Liuzzi fue denunciado por supuesto enriquecimiento ilícito y en diciembre del mismo año el juez Norberto Oyarbide dictó su sobreseimiento. Tras la apelación del fiscal Patricio Evers, la Cámara Federal entendió que el magistrado no había contemplado el estudio sobre el incremento injustificado y decidió apartarlo, por lo que la causa quedó radicada en el juzgado de Rodríguez.
Liuzzi fue el funcionario al que un propietario de una financiera llamó para impedir un allanamiento ordenado por el juez Norberto Oyarbide. A raíz de esa comunicación el magistrado suspendió el operativo, lo que le valió una denuncia ante el Consejo de la Magistratura.
