La novedad llegó por carta a varios miembros de la CGT oficial que lidera Antonio Caló y la controversia estalló en una reunión de los cegetistas. La tregua que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner parecía haber logrado con los anuncios por ganancias –tan reclamados por los sindicalistas– se fue por la borda cuando la Superintendencia de Salud –el organismo encargado de controlar y administrar los millonarios fondos de las obras sociales– comenzó a enviar misivas a los gremialistas informándoles sobre una “nueva” disposición que afecta el patrimonio de los sindicatos.
El Gobierno fue a la llaga y puso el dedo: a partir de ahora las obras sociales deberían notificar y pedir autorización de la Superintendencia de Salud para realizar cualquier movimiento de bienes como comprar o vender inmuebles, automóviles e instrumental médico. Los sindicalistas saltaron de emoción. De emoción violenta. En el fondo, es una pelea entre gremios y el Poder Ejecutivo por el control de una caja millonaria, y una estrategia para mantener a raya el reclamo de fondos.
Pero eso no es todo. Según pudo comprobar PERFIL, la idea que aprobó la superintendenta Liliana Korenfeld fue copiada de una norma de finales de la dictadura militar. Se trata de la resolución 1.268 de 1982, cuando las obras sociales estaban intervenidas. Así consta en el archivo del viejo Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS). La norma fue aplicada en el marco de la Ley 22.269 de obras sociales, que fue derogada por la Ley 23.660, actualmente en vigencia. Tiene dos artículos que básicamente exigían a las obras sociales la información y autorización del INOS para realizar cualquier tipo de compra-venta.
La actual ley de obras sociales considera que son entidades de naturaleza jurídica privada y no pública, como eran durante la dictadura. PERFIL consultó a la Superintendencia, pero no quisieron responder. Fuentes gremiales afirmaron que estarían por dar marcha atrás ante el estupor de los gremios.
Para el sindicalismo, los fondos y el manejo de las obras sociales son el gran reclamo de fondo al Gobierno. Hugo Moyano, en tanto, hará esta semana una marcha a la “Super” para reclamar el pago atrasado de fondos y enojado por la denuncia por supuesto lavado que presentó la Unidad de Información Financiera por los manejos de la obra social camionera.
