Luego de maratónico debate, la Cámara de Diputados aprobó esta madrugada la iniciativa opositora que reforma sensiblemente la integración del Consejo de la Magistratura, elevando de 13 a 18 sus miembros, situación que en los hechos "licúa" el poder de veto que hoy mantiene el kirchnerismo. La votación se resolvió con 131 legisladores a favor y 84 en contra, logrando la media sanción luego de casi 8 horas de debate.
El proyecto aprobado establece que el Consejo tendrà 18 miembros, a saber: el presidente de la Corte (que también será titular del cuerpo), seis legisladores, tres jueces, cuatro abogados (actualmente hay dos); tres catedráticos (dos más que ahora), y sólo un representante del Poder Ejecutivo.
El kirchnerismo, entonces, tendría apenas tres miembros de su sector, obviamente el representante del Ejecutivo, y dos de los seis legisladores, que le corresponderían en su carácter de primera minoría. En un universo de 18 miembros, un porcentaje minoritario.
El proyecto busca además acelerar la selección de jueces, para evitar la actual situación en que hay vacantes en juzgados que llevan años y acortar a un año los procesos de investigación contra magistrados, que actualmente pueden mantenerse de manera indefinida y a juicio de la oposición obran como "amenaza" si los jueces avanzan en procesos que salpican al Ejecutivo.
El presidente de la comisión de Justicia, el radical Ricardo Gil Lavedra, defendió la reforma impulsada por los bloques opositores, que debieron hacer concesiones a la centroizquierda para conseguir los votos necesarios para aprobar la modificación. En ese sentido, Gil Lavedra reconoció que la propuesta "no es la reforma ideal, pero es la reforma posible". Agregó que implicará un futuro Consejo de la Magistratura "superior al actual" y destacó que el proyecto se consiguió "a través del acuerdo de la mayoría de los bloques parlamentarios". Destacó también que "el Consejo de la Magistratura en sus distintas administraciones nunca hizo nada para que sea un cuerpo accesible a todos".
En la vereda opuesta, el kirchnerista Alejandro Rossi calificó a la reforma como "uno de los peores retrocesos que se ha visto" porque -según opinó- favorece a la corporación judicial y "va en contra de los compromisos que la justicia debe tener con la ciudadanía".
Entre los puntos que criticó, sostenía que en los hechos se deja en manos de la Corte Suprema de Justicia el manejo administrativo y presupuestario del organismo encargado de la designación y de sanción de los jueces. Su compañero de bancada Gerónimo Vargas Aignasse fue en la misma línea y, entre aspectos, apuntó a la corporación judicial al sostener que "las corporaciones tienen voracidad de poder, quieren más espacio, quieren más poder de decisión" y consideró, entre otros puntos, que es "antiético que los abogados que viven de los honorarios que fijan los jueces participen de las selecciones de esos jueces".
Vilma Ibarra, del espacio filo-K Nuevo Encuentro, defendió su dictamen de minoría en la materia, y alertó que en la justicia hay "otros temas de la administración de justicia" que todavía no fueron abordados, y dijo que la propuesta mayoritaria está "cruzada por la tensión de la política por la representación popular y de la política que cruza los tribunales".
Cuestionó, además, la "integración de la Corte Suprema al Consejo", y consideró que "es una mala decisión" porque aleja al organismo de la independencia que debería tener y dijo que en realidad en forma indirecta le deja al representante del Máximo Tribunal, por medio del voto de desempate, con "un peso enorme a todo lo importante" como en el plano de la "administración del Consejo, selección y remoción de los jueces".
La centroizquierda, en su momento, había cuestionado la intervención de la Corte Suprema de Justicia y había pedido incorporar sistemas de control popular sobre el accionar del Consejo, como la creación de un Comité Consultivo (integrado por ONGs), así como la realización de auditorias periódicas de los magistrados.
La incorporación de algunas concesiones explica el interés del núcleo anti.-K de a Proyecto Sur, ante la falta de un número para aprobarlo en la sesión. El proyecto contempla un Consejo de la Magistratura conformado por 18 consejeros: 3 senadores, 3 diputados uno por cada una de las tres primeras minorías de cada cuerpo, el presidente de la Corte Suprema, 3 jueces, 4 abogados, un representante por el Poder Ejecutivo y 3 académicos (uno por el mundo de las ciencias sociales).
Fuente: DYN
