La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el proyecto que otorga una pensión graciable de $6.000 a "víctimas detenciones ilegal por razones de carácter política o sindical" hasta 1983. Entre los beneficiarios se encuentran el secretario Legal y Técnico Carlos Zannini, el diputado del FpV Carlos Kunkel y el legislador porteño del FpV Dante Gullo, entre otros.
La propuesta elaborada por el diputado formoseño Juan Carlos Díaz Roig ya tenía la media sanción del Senado y fue aprobada por 176 votos a favor, 2 en contra y una abstención. La iniciativa no estaba incluida en el orden del día, pero fue tratada sobre tablas a partir de un pedido de la presidenta del bloque de diputados del FpV, Juliana Di Tullio.
El proyecto de ley, largamente debatido durante más de cuatro años y presentado en dos oportunidades por Díaz Roig, obtuvo primeramente, media sanción en Diputados, en noviembre del año pasado. Recién este año pasó a Senadores.
Fechas indeterminadas. Sin embargo, el Senado aprobó el proyecto de ley, eliminando la fecha de inicio del período que comprendía dicho resarcimiento en el texto del proyecto de ley aprobado en Diputados, donde se especificaba desde el 6 de noviembre de 1974 hasta el 10 de diciembre de 1983.
De esta manera, el proyecto giró nuevamente a Diputados, que decidió mantener la decisión de la Cámara Alta, ya que amplía el margen de reparación histórica para quienes hayan sido privados de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles.
¿Cobro retroactivo? Todos los llamados presos políticos cobraron ya una indemnización según una ley sancionada en el menemismo y de acuerdo con el número de días que permanecieron a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. Se calcula que hubo 10 mil “presos políticos”.
Si el beneficiario ya murió, la pensión podrá ser cobrada por sus herederos, según uno de los párrafos del proyecto de ley, que había sido presentado por un puñado de diputados ultra K como Kunkel, Gloria Bidegain, José Mongeló y Martín Sabbatella.
La nueva ley de reparación es una vieja demanda de la Asociación Nacional de Ex Presos Políticos, pero que no lograba consenso entre los legisladores hasta que apareció el proyecto de ley para indemnizar a los diez soldados formoseños, junto con el agente de policía, el sargento primero y el subteniente muertos por Montoneros en el ataque del 5 de octubre de 1975, en pleno gobierno constitucional de la presidenta Isabel Perón.
