Tal como era de esperar, el oficialismo porteño logró aprobar este jueves un proyecto de ley que tiene por finalidad ampliar las competencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la ciudad de Buenos Aires para que tenga injerencia en causas del ámbito nacional. El proyecto llegó al recinto bajo el nombre de "Modificación de la normativa vigente en materia de audiencias administrativas y judiciales", y autoriza las modalidades mixta, presencial y virtual para estos trámites.
La nueva normativa fue aprobada con 38 votos a favor, de los bloques Vamos Juntos, UCR-Evolución, Partido Socialista y GEN, y 20 en contra, del Frente de Todos y la Izquierda. En la normativa votada, quedó sancionada la modificación a la ley 402 de procedimientos ante el TSJ y lo habilita a expedirse sobre fallos de juzgados nacionales que tengan sede en la Capital Federal
En este sentido, mientras los legisladores del oficialismo aseguraban que con esta ley aprobada se “garantiza la autonomía de la Ciudad", desde el arco opositor, encabezado por el Frente de Todos, sostuvieron que “el objetivo de la ley es favorecer al ex presidente Mauricio Macri en la causa Correo Argentino”.
Al respecto, la diputada María Luisa González Estevarena (VJ), autora del proyecto de ley, dijo que se buscó "consolidar cambios que fueron impulsados por la pandemia, pero que también hicieron una Justicia más ágil". De todas maneras, agregó que su bloque incorporó al texto "dos artículos tendientes a garantizar la autonomía de la Ciudad y avanzar en la necesidad de traspasar la justicia nacional ordinaria al Poder Judicial de la Ciudad".
Desde el Frente de Todos (FdT), en tanto, la diputada Claudia Neira aseguró respecto a la ley aprobada que "sólo están creando un pantano judicial para que se hunda la causa del Correo Argentino".
Lucía Campora (FdT), por su parte, aseguró que el debate sobre la transferencia de competencias de la Justicia nacional a la Ciudad "no puede resolverse en la legislatura porteña, sino en el Congreso nacional". Al tiempo de agregar que para saber "cómo impacta y cómo opera esta modificación, repasó en qué causas se han apelado fallos de la justicia nacional ante el TSJ local. Como ejemplo, mencionó una apelación de la empresa Repartos Ya contra un fallo de la justicia nacional en el fuero laboral que había reconocido derechos de los trabajadores de la aplicación Pedidos Ya.
Después, mencionó las apelaciones contra resoluciones de la justicia nacional, en este caso en el fuero comercial, por las causas Correo Argentino y Socma Americana, que involucran al expresidente Mauricio Marcri. "Sincérense y no bastardeen la autonomía de la Ciudad, este proyecto tiene nombre y apellido: Mauricio Macri, que nos viene estafando hace más de 20 años y quiere ser juzgado en el TSJ porteño, donde puso a todos sus amigos", completó.
La oposición y los magistrados rechazan el proyecto de reforma judicial porteña
Ley de Juicios por jurados
En la sesión de este jueves, también se aprobó el sistema de juicio por jurados, que será obligatorio para los delitos penales graves y sus conexos. Se cumple de esta manera un postergado mandato de las constituciones nacional y local.
La nueva normativa se voto con 54 votos positivos y 4 negativos de la izquierda, y se compatibilizaron tres proyectos principales de las bancadas UCR, Vamos Juntos y Frente de Todos y se tuvieron en cuenta los antecedentes de otras iniciativas anteriores que no llegaron a definirse en su momento.
Según la nueva ley, se disponen las pautas de integración de los jurados, las reglas del debate, audiencias preparatorias, funciones de los jueces y de los jurados, requisitos, incompatibilidades, inhabilidades, plazos y formas. Los jurados serán 12 personas, designadas en base a un padrón de ciudadanos con al menos 4 años de residencia en la CABA y deberá respetarse la paridad de género.
Para implementar esta modalidad de juicios, el padrón de jurados será elaborado por el Consejo de la Magistratura, e incluirá a todas las personas que puedan ser elegidas, por sorteo, para integrar un tribunal, que deberán estar en el padrón electoral de la Ciudad.
Los requisitos para integrar un jurado serán: ser argentino, tener entre 18 y 75 años, saber leer y escribir, gozar del pleno ejercicio de los derechos políticos y tener domicilio no inferior a cuatro años en la Capital Federal. Cuando un ciudadano sea sorteado, ser jurado será una "carga pública", como ser presidente de mesa en una elección. El jurado podrá dar los siguientes veredictos: "culpable", "no culpable" y "no culpable por razones de inimputabilidad", a los cuales deberá llegar por unanimidad y, en caso de no haber acuerdo, comenzará un nuevo juicio con otros miembros en el jurado
Frenan construcción de torres
Durante la sesión de este jueves, también se trató en el recinto un proyecto de ley que abarcaba 15 convenios urbanísticos firmados entre el Gobierno porteño y privados, que impulsaban la construcción de una torre de 23 pisos en diferentes barrios de la Ciudad. Del total de convenios, solo 11 fueron aprobados, mientras que los restantes fueron retirados de la discusión. Entre los que se retiraron figuraba el proyecto de levantar una torre en un Área de Protección Histórica ya que no logró recolectar los votos necesarios por la falta de acompañamiento de la UCR. Se trataba del proyecto que impulsaba la construcción de un edificio en altura en el predio lindero al Monasterio e iglesia de Santa Catalina (fundado en 1745), en la manzana delimitada por la avenida Córdoba y las calles Reconquista, San Martín y Viamonte. En esa superficie rige una medida judicial que impide este tipo de obras por el riesgo que representa al patrimonio arqueológico.
Como se recordará, se trata del convenio urbanístico retirado que fuera firmado por la administración porteña con la empresa Nehuente SRL para la construcción de una torre de 23 pisos. Como contraprestación, la empresa se convenía a construir un espacio público de 5.000 m2.
La decisión fue comunicada por el jefe del bloque de VJ, Diego García Vilas, en el marco de la sesión ordinaria, en la que si se avanzó con el tratamiento de una docena de convenios para levantar edificios en altura en distintos barrios porteños.
"Pudimos poner un pequeño freno al avance que el Gobierno porteño hace sobre la traza urbanística de la ciudad. Logramos que no se traten 4 proyectos, entre ellos el que lindera con el histórico monasterio de Santa Catalina de Siena, construido en wl siglo XVIII y catalogado como patrimonio histórico de la Ciudad. Vemos que se privilegian los negocios de desarrolladores inmobiliarios en detrimento de la calidad de vida de las y los porteños. Tenemos una ciudad que está en emergencia habitacional y ambiental. aseguró Santiago Roberto, legislador del FdT.
"Es lamentable la visión de ciudad que tiene Larreta. Hay miles de vecinos y vecinas que no pueden acceder a una vivienda digna y tenemos una ciudad que carece de espacios verdes. No podemos seguir en este camino que sólo privilegia a unos pocos y deja afuera a la mayoría de las porteños y porteñas", completó.