El Gobierno publicó ayer en el Boletín Oficial la ley Argentina Digital, con la que busca regular el mercado de las telecomunicaciones. A la nueva norma, sin embargo, le espera un camino de judicialización que hará difícil su implementación, ya que varios de los actores involucrados manifestaron su rechazo.
El proceso de todas formas será largo. Las empresas todavía no tienen definido los pasos a seguir, y van a esperar la reglamentación, que por las atribuciones que se delegaron puede generar más rechazos de las compañías.
Esta semana, la cámara que nuclea a empresas telefónicas, Cicomra, publicó una solicitada en la que critica a la flamante ley porque “será un fuerte retroceso para mejorar las telecomunicaciones”, que “contiene regulaciones que desalientan las inversiones” y que impedirá al sector “competir con las redes de cables”. Esas críticas generaron un fuerte cruce entre el ministro de Planificación, Julio De Vido, y el directivo de Telefónica José Luis Rodríguez Sarco. Desde la empresa aseguraron que piensan “acatar la ley”, aunque seguirán de cerca su aplicación.
Desde las cableras insisten que la ley beneficia a las telefónicas, por el peso que tienen en la industria. En Cablevisión aseguran que todavía no decidieron la estrategia a seguir.
El proyecto también fue criticado por ONGs, como ADC y la Fundación Vía Libre, quienes entre otros puntos sostuvieron que la ley tiene una “insuficiente protección de derechos fundamentales de las personas”. El artículo 60, aseguran, podría violar el artículo 18 de la Constitución Nacional, que establece la inviolabilidad del domicilio. Y también apuntaron al artículo 62, que fija obligaciones por cuestiones de “defensa nacional y seguridad pública”.
