El titular de la Unidad Fiscal de Investigación – AMIA, Sebastián Basso, pidió en los últimos días a la jueza subrogante María Eugenia Capuchetti que sobresea a 12 personas investigadas por su participación en la llamada “pista siria” del atentado contra la Amia. El planteo fue rechazado por Memoria Activa, organización que a través de un comunicado cuestionó la seriedad de la investigación y reiteró el pedido de apartamiento del fiscal.
Los pedidos de sobreseimiento llevan en nombre de Alberto Jacinto Kanoore Edul (hijo), del expolicía bonaerense Víctor José Chabán, dueño del volquete que fue dejado en la sede de la mutual israelita antes del atentado, Nassib Haddad, y sus familiares Pablo, Javier y Guillermo, junto con otros imputados que trabajaban en la concesionaria “Alejandro Automotores”.
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“Tras una extensa investigación, no se han logrado colectar elementos de prueba que nos permitan sostener que Alberto Jacinto Kanoore Edul y/o Víctor José Chabán hayan participado, colaborado o contribuido de alguna manera, en la comisión del atentado a la sede de la AMIA”, dijo en relación a la llamada “pista siria”.
A su vez, el fiscal determinó que ninguno de los familiares de Edul “tuvo trato con Moshen Rabbani ni, mucho menos, que hubieran colaborado o participado en el ataque a la mutual judía”. Rabbani era el agregado cultural en la Embajada de Irán y su número de teléfono estaba agendado en el teléfono de varios imputados y ahora tiene un pedido de captura internacional por el atentado.
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Al respecto de los imputados Víctor Monjo, vinculados a la camioneta bomba, Basso consideró “agotada la producción de medidas probatorias que pudieran aportar datos de interés” y recordó que el Tribunal que absolvió a Alejandro Telleldín, último dueño de la camioneta, dio por probado que el vehículo le fue vendido en una operación de las que de manera habitual se realizaban en el lugar.
De acuerdo al expediente, el comercio “Alejandro Automotores” vendió a Telleldín, absuelto como partícipe necesario, la camioneta Traffic que después fue usada como coche bomba por quienes ejecutaron el ataque contra el edificio de la calle Pasteur en 1994.
La reacción de Memoria Activa
Luego de conocerse la decisión del fiscal Basso, la organización Memoria Activa, que integran un grupo de familiares de víctimas del atentado terrorista, se opuso y volvió a insistir en el apartamiento del titular de la Unidad Fiscal.
#AMIA Rechazamos los sobreseimientos pedidos por el fiscal Basso, sin una investigación serie ni exhaustiva, llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones. Una vez más, pedimos se lo separe de su cargo.
— Memoria Activa (@MemoriaActiva) September 27, 2021
"Rechazamos los sobreseimientos pedidos por el fiscal Basso, sin una investigación serie ni exhaustiva, llena de maniobras, encubrimientos y dilaciones. Una vez más, pedimos se lo separe de su cargo", señalaron desde el Twitter de la Memoria Activa. En la formalidad, el abogado de la agrupación, Rodrigo Borda, advirtió que “existe una enorme cantidad de documentación desclasificada que aún resta ser analizada en forma adecuada”.
Más allá de la falta de argumentos, incluso si el fiscal tuviese razón, esto sería una prueba más de un trabajo ineficaz de la propia UFI, que, repetimos, se permite hablar de trabajo "exhaustivo" cuando no está el 100% del material desclasificado leído y mucho menos analizado .
— Memoria Activa (@MemoriaActiva) September 27, 2021
De ese modo, el letrado sostuvo que se tomó una decisión sin haber analizado la totalidad de la información sobre el hecho. "La voluminosidad de un legajo no indica, necesariamente, la existencia de una investigación judicial exhaustiva y eficaz", cuestionó en un escrito presentado días atrás. "Es una burla decir que se trabajó fuertemente y no existen pruebas suficientes contra el imputado. Además, recordamos que se trata de delitos de lesa humanidad, por lo que un sobreseimiento, sin análisis 100%, no tendría valor", agregaron
.ASV CP
