María Eugenia Capuchetti es la jueza federal de Comodoro Py que investigará la causa del Vacunatorio Vip. Se trata de la última de las juezas federales en llegar al edificio de Retiro con trayectoria judicial y con el apoyo de sectores peronistas de la provincia de Buenos Aires.
Capuchetti se convirtió por sorteo en la jueza nombrada para hacerse cargo de las denuncias contra el ex ministro de Salud Ginés González García, acusado de incumplimientos de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad.
Persona de confianza de Martín Ocampo, ex procurador de la Ciudad de Buenos Aires; e hija el Jefe de Seguridad de la AFA, la magistrada llegó a Comodoro Py con mucha expectativa, dado que se hizo cargo del juzgado que dejó vacante Norberto Oyarbide, acorralado por las denuncias de corrupción en su contra y mal desempeño que lo obligaron a dimitir.
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El juzgado contaba con un atraso importante en el trámite de las causas y tenía la marca de emprender mega-grandes investigaciones, que no siempre llegaban a buen puerto, sumado al estigma de ser liderado por uno de los jueces que más denuncias por mal desempeño recibía Comodoro Py.
La trayectoria de Capuchetti arrancó en el edificio de Retiro, cuando se desempeñó como secretaria del juzgado federal 12 y desde allí luego se pasó a la Justicia de la Ciudad con un perfil mucho más de gestión y una impronta más renovada.
Luego concursó y llegó con el apoyo del peronismo de la provincia de Buenos Aires al juzgado 5, incluso en la jura estuvo presente el ex ministro de Seguridad Bonaerense Cristian Ritondo.
Capuchetti se hizo cargo del juzgado que había dejado vacante Norberto Oyarbide
La jueza se convirtió el 30 de abril de 2019 en la segunda mujer en la primera instancia del edificio de Retiro, donde hasta ese entonces sólo estaba María Servini. Desde ese momento, la preocupación fue de actualizar las causas y "limpiar" el juzgado que llevaba años de atraso.
Una vez que asumió llevó adelante investigaciones mediáticas como la tragedia de Time Warp, en donde sobreseyó al abogado Víctor Stinfale por el hecho en el que murieron cinco jóvenes en una fiesta electrónica por consumo de estupefacientes; y también hizo lo propio con los empresarios Cristóbal López y Fabián De Sousa, denunciados por la supuesta venta del grupo Indalo cuando estaba inhibido judicialmente.
Más recientemente, la jueza tomó la decisión -para algunos controvertida- de no reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra la vicepresidenta Cristina Kirchner, la cual había sido cerrada por su antecesor Oyarbide en 2009. También cosechó polémica por una revelación sobre varios ingresos a la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri. Uno de sus familiares directos trabaja alí.
B.D.N./MC