Cae la tarde sobre la Playa Brava de Punta del Este y, a lo lejos, la Isla de Lobos es un punto en el horizonte. Y es también el momento para una charla extensa y pausada con el hombre que renunció años atrás a la Suprema Corte de Justicia por “hartazgo espiritual”.
—Mañana termina la feria judicial, doctor…
—Para desgracia de todos nosotros los abogados –se ríe el activísimo Dr. Gustavo Bossert.
—Termina la feria y hay muchos casos que van a abrirse. Justamente, días pasados, hablábamos con la Dra. Carmen Argibay y, al surgir el tema de los represores de la ESMA, nos señaló que, muy probablemente, esto se trataría al concluir la Feria. Incluso terminó su comentario con un “bueno, nos pelearemos o no nos pelearemos en la Corte pero lo vamos a tratar”, dicho, obviamente, con sentido del humor.
—Lo cierto es que hay un término de tres años como máximo, en principio, para mantener en prisión preventiva a quien no tiene sentencia de condena. Y en virtud de esto es que se ha anunciado esta cosa terrible para el alma de todos los que hemos sentido, como si estuviéramos en el infierno, los actos de la dictadura. Es decir que por aplicación de esta norma vigente, estos represores pueden llegar a quedar en libertad. Pero aquí lo que la ciudadanía tiene que advertir es que este hecho no es imputable a la Justicia sino que estos casos, en los que yo nunca intervine como juez, son muy complejos porque están colmados de alternativas que prolongan estos procesos (más allá de la voluntad de los jueces) y lo cierto es que de lo que se trata es más bien de la agilización que debe efectuar el Congreso de la Nación a través de reformas legislativas en el procedimiento para estos casos. Y al respecto debo recordar (como bien sabe todo aquel que lee los diarios) que hace algunos años dos juristas eminentes como Ricardo Gil Lavedra y Andrés D’Alessio, que además fueron algunos de los jueces que condenaron a los comandantes de la dictadura, presentaron un proyecto en el Congreso con ánimo de colaboración para agilizar estos temas (con la idea de que no suceda lo que está ocurriendo). Por su parte, en aquel momento, el Congreso, quizás porque no venía en forma oficial sino firmado por dos ciudadanos independientes, no lo trató. Tal vez ahora el Congreso ponga su atención sobre esto y modifique las normas procesales para que esta situación no vuelva a ocurrir. Ahora bien, obviamente, no puedo opinar sobre lo que va a resolver la Corte Suprema a partir de este mes de febrero pero tengo plena confianza en la sagacidad, la sabiduría y el criterio jurídico de esta Corte actual.
—Bueno, doctor, pero desde la ignorancia del lego, el ciudadano se pregunta si en crímenes de lesa humanidad (como en este caso) pueden caber dudas al respecto de la libertad de los inculpados.
—Mire, el crimen de lesa humanidad significa varias cosas específicas porque es una alteración a los principios generales del derecho penal. Allí no puede haber perdón ni amnistía y, esencialmente, no puede haber prescripción. Sin embargo no se ha desarrollado la tesis que, por tratarse de un crimen de lesa humanidad, no deben aplicarse los términos legales sobre la duración de las prisiones preventivas sin sentencia. A lo mejor esta tesis (y por eso mismo no quiero adelantarme al sabio criterio de la Corte) llega a ser sostenida por la Corte. No lo sé. Es gravísimo pero creo que los que tienen que reflexionar sobre esto son los señores legisladores y modificar (tal como se les ha propuesto) las normas de procedimiento para que situaciones de estas características no ocurran más.
Lea la nota completa ingresando a la Edición Impresa del Diario Perfil.
