Sobre el filo de la feria judicial de verano, la dirigente Elisa Carrió denunció al presidente Alberto Fernández y su ministro de Salud, Ginés González García. Fue por la compra de la vacuna rusa Sputnik V, de las que en las últimas horas llegó al país la primera partida, que consta de 300 mil dosis. La adquisición de vacunas para la lucha contra el Covid-19, cuya pandemia golpea al país desde marzo pasado, quedó envuelta en el medio de una fuerte polémica e incluso desde la oposición se solicitó un pedido de explicaciones en el Parlamento. En tanto que la denuncia de Carrió fue la primera judicialización del tema.
“Estamos ante una operación comercial sin precedentes, redireccionada a un oferente cuyo producto no sabemos si será apto para humanos de entre 18 a 60 años, pero que sí sabemos, no lo será para cumplir –de momento– la finalidad de proteger a los adultos mayores”, se consignó en el escrito de denuncia.
La presentación judicial de Carrió fue a través de un texto de 12 páginas, cuya acusación apunta no sólo a Fernández y Gonzalez García sino también a “cualquier otro funcionario que hubiera participado en gestiones, contratación y firma de contratos con el gobierno de Rusia, para la reserva, adquisición y comercialización de la vacuna Sputnik V”.
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La presentación recayó por sorteo en el juzgado 12 que supo ser de Sergio Torres y que actualmente está siendo subrogado por Sebastián Casanello, y en la fiscalía de Guillermo Marijuán. De acuerdo al procedimiento, en las próximas horas el magistrado deberá correr vista al fiscal para que este decida si requiere el impulso de la investigación penal.
La presentación de Carrió –que la hizo acompañada de tres legisladores de su espacio: Mariana Stilman, Juan Manuel López, y Mónica Frade– apunta a la posible comisión de los delitos de “atentado contra la salud pública; defraudación al Estado, Incumplimiento de Deberes de Funcionario Público”.
Entre otros puntos el texto no solo cuestiona el accionar del Ejecutivo en el tema por la falta de datos científicos de la vacuna rusa, sino también la escasez de información que brinda el Ejecutivo sobre la compra y las contradicciones en los discursos de los distintos funcionarios argentinos.
La denuncia propuso medidas de prueba, entre ellas, que “se libre oficios a Anmat, a la presidencia de la Cámara de Diputados y del Senado y al presidente de la Auditoría General de la Nación a efectos de que remitan totalidad de la documentación original y/o copias certificadas habida en dichos organismos.
