POLITICA
Poder Judicial

Carrió va por el juicio político del juez que eximió de ganancias a los bingos de Angelici

La diputada hará una presentación por considerar que el magistrado "ha demostrado un comportamiento arbitrario y parcial".

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La diputada y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. | Télam

Aunque la alianza que integra atraviese momentos políticos críticos, Elisa Carrió no deja pasar oportunidad para golpear a uno de sus enemigos principales, Daniel Angelici. La diputada nacional anticipó este jueves que presentará un pedido de juicio político y destitución del juez en lo Contencioso Administrativo Federal Enrique Lavié Pico, quien le concedió una medida cautelar al presidente de Boca Juniors para que sus bingos no paguen Impuesto a las Ganancias. 

"Ha mostrado un comportamiento arbitrario y parcial impropio de un juez de la Nación y una actuación direccionada a favorecer a empresarios del juego", aseguró la líder de la Coalición Cívica - ARI acerca del magistrado. En una publicación en redes sociales, la legisladora indicó que realizará la presentación junto a otros diputados de su espacio.

Los legisladores hicieron referencia a una medida cautelar dictada en los últimos días por el juez que benefició a tres sociedades del ¿ex? operador judicial informal del oficialismo. Se trata de Bingo Ramallo SA, World Games SA -que controla un bingo en Pergamino e intereses en Brasil- y Desarrollos Maipú SA, con un casino en Mendoza, que -a partir de la decisión del magistrado- no tributarán la tasa, que el presidente Mauricio Macri había prometido eliminar para los "trabajadores" durante la campaña de 2015.

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"Todo ello, configurando un concreto y enorme perjuicio para los recursos afectados a la satisfacción del interés público. Esto configura la causal de mal desempeño por 'incumplimiento reiterado de la Constitución Nacional, normas legales o reglamentarias' y 'realización de actos de manifiesta arbitrariedad en el ejercicio de sus funciones'", comentaron los legisladores de la CC-ARI en un comunicado.

Para Lilita se trata de un “posicionamiento arbitrario y parcializado, impropio de un juez de la Nación”, y consideraron que “en su proceder hay una actuación direccionada a beneficiar a empresarios del juego”.