Casanello rechazó el pedido de Seguridad y se queda con la causa

El juez Sebastián Casanello sostuvo que el expediente devenido de la denuncia iniciada por la legisladora Celeste Fierro contra la aplicación del protocolo antipiquetes debe seguirse analizando en los tribunales de Retiro.

Fue en un fallo donde respondió a una presentación que hizo la cartera que encabeza Patricia Bullrich que planteaba la incompetencia del juez en el expediente con el que además buscaba llevarse la causa al fuero criminal nacional de la Ciudad.

Esta misma semana la Cámara Federal porteña de manera dividida pulverizó la medida cautelar dispuesta por el propio Casanello donde exhortó al Ministerio de Seguridad adecuar la actuación de las fuerzas policiales y de seguridad federales “a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho”.

Los magistrados Martín Irurzun y Eduardo Farah invocaron la aplicación de la doctrina de la Corte a los fines de invalidar la sentencia, al tiempo que aseveraron que si bien Casanello entendió que le correspondía intervenir en una acción, enmarcada en términos de la ley 23098, “no revisó ni las razones que llevaron a otro tribunal a calificarla de ese modo (sin que tal fuera el pedido de la denunciante), ni cómo (al atribuirse la potestad de dirimir un conflicto con un juzgado nacional de instrucción) la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal definió previamente la competencia de aquel”.

En el mismo fallo, los miembros de la sala II de la Cámara Federal porteña dudaron de la competencia de Casanello en el caso, por lo que le encomendaron fijar posición en ese aspecto. En respuesta, el magistrado convalidó el criterio de la Justicia Criminal y Correccional que declinó su competencia a Comodoro Py y ratificó el tratamiento del caso como un hábeas corpus, es decir, abordar de manera urgente a los fines de ver si no se afectan derechos humanos o constitucionales.

Previo a pronunciarse, el juez escuchó la opinión de las partes. Los abogados del Ministerio de Seguridad le dieron la razón a Irurzun y Farah. Por su parte, la fiscal Paloma Ochoa sostuvo que la competencia estaba precluida, es decir, que ya era imposible determinar por el tiempo procesal transcurrido y los asesores de la legisladora Fierro que coincidieron con el criterio del Ministerio Público, agregaron que el planteo de incompetencia resultaba inoportuno y dilatorio.

Con lo anterior, el juez derribó el intento de Patricia Bullrich de quitarle la causa y llevársela a la Justicia Criminal ordinaria donde ya estuvo, así como también en la electoral y en lo contencioso administrativo antes de desembarcar en Comodoro Py, sin embargo no se descarta que el Ministerio de Seguridad pueda objetar esa decisión.

Si bien la medida cautelar no corre más, el juez Casanello sigue al frente de la causa. Su decisión reafirma la reanudación de la audiencia prevista a mitad de la próxima semana, donde se continuará el tratamiento de la legalidad del protocolo antipiquetes.

Del encuentro a puertas cerradas iniciado el pasado miércoles, trascendió que la ministra Bullrich defendió el procedimiento al argumentar que no es delito actuar sin orden judicial habida cuenta de que el corte de calle es un delito que puede considerarse en flagrancia. En tanto la fiscalía busca tener una definición certera de flagrancia por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación.