La Cámara Federal porteña confirmó los procesamientos de un ex chofer de Presidencia de la Nación y un funcionario de la Anses y supuesto militante kirchnerista por el delito de “falso testimonio”, por haber dicho que habían visto al juez Sebastián Casanello en la Quinta de Olivos, en 2015. Además, los camaristas de la Sala I, Leopoldo Bruglia y Jorge “Pati" Ballestero, pidieron al juez Luis Rodríguez que investigue “la maniobra” que buscó sacar a Casanello de la causa Báez “en toda su dimensión”. Eso implicará ir más allá de los dos testigos falsos y buscar a quiénes planificaron la maniobra.
En 2016, Santiago Viola, abogado de Leandro y Luciana Báez, dos de los hijos del empresario kirchnerista, denunció a Casanello de un supuesto pacto con Cristina Fernández de Kirchner en la causa denominada “ruta del dinero K”. El objetivo de los hijos de Lázaro era apartar a Casanello y pedir que la causa cambiara de magistrado. La presentación fue ante la Sala II de la Cámara Federal, que integran Martín Irurzun y Eduardo Farah.
Los camaristas de esa sala iniciaron una investigación –pocas veces vista en los tribunales– para determinar si los datos aportados por Viola eran ciertos: que el pacto se dio en una reunión entre Casanello, Báez y Cristina en la Quinta de Olivos. También aportaban la fecha del supuesto encuentro.
Un supuesto militante kirchnerista y funcionario de la Anses, Gabriel Corizzo, se presentó espontáneamente a declarar como testigo para afirmar que podía dar fe de esa reunión. Aseguró ser un “soldado del proyecto” de Néstor y Cristina Kirchner. Pero en sede judicial admitió haberse reunido con el abogado Viola, defensor de los hijos de Báez, antes de presentarse a declarar.
Corizzo dijo que había sido trasladado a Olivos por Carlos Scozzino, chofer de la Secretaría General de la Presidencia, quien también declaró como testigo y validó la versión de Corizzo.
El registro de llamadas entrantes y salientes del teléfono de Corrizzo hizo caer su propio testimonio. El funcionario de la Anses había declarado que se encontró con el juez Casanello en la Quinta de Olivos cuando acudió a la residencia presidencial convocado por una supuesta asistente de Wado De Pedro de nombre “Lucila o Ludmila”. Se suponía que Corrizzo debía ir para discutir temas relacionados a la campaña electoral. Pero los cruces de llamadas no registraron esas comunicaciones. Tampoco lo ubicaron en Olivos.
“Las planillas de control de movimientos de vehículos y de personas de la Quinta de Olivos” reveló las visitas de “funcionarios de distintas jerarquías y empresarios”. Pero no daban cuenta de Casanello o Corrizzo y su chofer.
Otra pecualiaridad resaltada por la Sala I es que Corrizzo sí aparece entrando a la Quinta de Olivos pero con posterioridad a la fecha que declaró y con otro chofer.
En abril, el juez Luis Rodríguez procesó a ambos testigos por haber dado falso testimonio, un delito con penas de hasta diez años de prisión. Para Rodríguez, tanto Corizzo como Scozzino “sistemáticamente mintieron, lo que ha quedado evidenciado en el contraste existente entre lo efectivamente –hasta aquí–probado y el contenido de las declaraciones juramentadas brindadas”.
Rodríguez les trabó un embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 150 mil pesos, que ayer fue confirmado por la Cámara Federal. El propio Casanello se había autodenunciado y había negado esa situación, que estuvo a punto de derivar en que fuera apartado de la causa.
