Los industriales fueron llegando de a uno en sus camionetas hasta la localidad de Granadero Baigorria, en Santa Fe. Era marzo del 2006 y los había citado el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Cámara de Fabricantes de Maquinaria Agrícola (CAFMA) para explicarles las posibilidades de exportar a Venezuela. Allí empezó todo. Un prometedor acuerdo para vender en cinco años 500 millones de dólares de equipos, una inyección de dinero que las empresas que arrastraban años de ejercicios en rojo no podían dejar pasar. La reunión era en Agrinar, una de las fábricas más grandes de cosechadoras y tractores que hay en el país. Allí, todo iba bien mientras se plantearon los tipos de productos que demandaba la República Bolivariana y se proponía a los fabricantes con potencial de vender que armaran una cotización para exportar. Pero el asunto se puso tenso cuando aparecieron en escena Roberto Wellisch y Francisco Carrasquero para explicar cómo se realizaría la gestión “administrativa” de las ventas.
Sin titubear, los representantes de la ahora investigada trader Palmat, sentados al lado de los funcionarios del INTA, les explicaron a unos 150 industriales, abogados y contadores de las empresas que los “gastos de gestión” de las exportaciones costarían un 15% del valor de facturación. Uno de los contadores presentes levantó tímidamente la mano para preguntar cómo se iba a facturar ese gasto. A lo que Wellisch le respondió: “No, para eso no hay papeles”.
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