POLITICA
sumaría más nombres en próximos días

Comodoro Py pide acceder a la causa del espionaje M

Bajo el argumento de dirimir competencias, la Cámara de Apelaciones le reclama al juez Villena, de Lomas, la totalidad del expediente. En el Congreso, un espía dijo que Arribas dio la orden para los seguimientos políticos.

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Arribas, ex AFI, en la mira. Villena, el juez de Lomas de Zamora investiga el espionaje. | cedoc

Con más de cincuenta víctimas y veinte imputados, la causa de espionaje que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora sigue creciendo y podría sumar nuevos nombres de afectados en las próximas horas. A la par de eso y mientras que en el juzgado reina el hermetismo sobre la investigación, Comodoro Py puja por conocer al detalle el caso.

Mientras tanto, en la Comisión Bicameral de seguimiento de organismos de Inteligencia se siguen tomando declaraciones a personas vinculadas al caso. Allí, ayer, uno de los espías salpicados por el caso apuntó directamente a Gustavo Arribas, ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

En el Juzgado Federal de Lomas se investiga a una organización criminal con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, cuyos integrantes, cumpliendo diferentes roles estratégicos y valiéndose de su calidad de empleados públicos y agentes dependientes de las Fuerzas de Seguridad y de la AFI, habrían llevado a cabo un  número de maniobras ilícitas y realizado tareas de inteligencia y espionaje prohibidos por la ley, en diferentes momentos y jurisdicciones.

Los hechos investigados habrían ocurrido durante la gestión de Cambiemos, cuando la AFI estaba bajo la órbita de Arribas y Majdalani.

En paralelo a la investigación judicial, en la Bicameral se toman declaraciones desde la semana pasada. Entre ellos estuvo ayer el ex espía Jorge Horacio “Turco” Sáez. De acuerdo a lo relatado por él, fue el ex titular de la AFI, Arribas, quien dio la orden de espiar a políticos, en particular a peronistas, y que él se enteró a través de sus superiores inmediato.

De acuerdo a información de la agencia Télam, Sáez confirmó ante legisladores del oficialismo y la oposición que la orden que emanó de quien era la máxima autoridad de la AFI  fue que los espías empezaran a “laburar en la política” y que siguieran “a los peronistas”.

La declaración, de alto voltaje político se conoció a última hora y causó impacto.

Por su parte, marcado por el hermetismo, el expediente de Lomas es requerido desde los tribunales federales de Comodoro Py bajo el argumento de dirimir una cuestión de competencia respecto del ataque intimidatorio al ex funcionario de Cambiemos, José Luis Vila.

El hecho, ocurrido en julio de 2018, fue investigado desde entonces por el juez Sebastián Ramos y el fiscal Guillermo Marijuán. El juez de Lomas, Federico Villena, pidió hace semanas que la investigación se sumara a la suya porque está relacionado con el caso que lleva adelante. Ramos consideró que su par tenía razón, pero Marijuán se opuso. El hecho recayó en la Cámara de Apelaciones que, recientemente, pidió que le sea enviada la totalidad de la causa de Villena para evaluar la situación.

El pedido aún no fue respondido, pero ya despierta suspicacias y resistencias. Los nombres de víctimas e imputados junto con la información sensible en su interior enciende todas las alarmas.

Reforma judicial, a punto

“Espero mandar en los próximos días la reforma para que funcione mejor la justicia federal”. Con esa frase, el presidente Alberto Fernández volvió a mencionar ayer la reforma judicial. Lo hizo a través de una entrevista con periodistas de radio Nacional y se convirtió así en la cuarta vez que lo hizo en seis meses. Fernández ya se había referido a la reforma en diciembre pasado, cuando asumió la presidencia; en marzo en el acto de apertura del año legislativo; y a mediados de mayo, cuando en una entrevista televisiva aseguró que estaría lista para ingresar al Congreso de la Nación en dos semanas.

En esa última oportunidad, Fernández mencionó también la posibilidad de evaluar cambios en la Corte Suprema de Justicia de la Nación y hasta aludió a la creación de un consejo consultivo. El mismo incluiría juristas y académicos que, entre otras cosas, pondrían en análisis no sólo el funcionamiento de la Corte sino también el del Consejo de la Magistratura.