La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura trató durante su reunión de este jueves 23 de julio, a pedido del representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarróz, la situación de diez jueces federales que fueron trasladados, en su mayoría durante el macrismo. Tras casi dos horas de debatir el tema, quedaron planteadas dos posturas. Una que avala que los traslados tienen irregularidades y para zanjar la situación debe intervenir el Poder Ejecutivo o la Corte Suprema, y otra que apunta a que la situación ya esta dada y que eventualmente sólo puede judicializarse el tema. Por lo pronto, el tema volverá a tratarse la semana próxima. La legisladora Graciela Camaño, titular de la Comisión, pidió que el tema se resuelva con la "mayor prontitud posible".
Los traslados de magistrados son una vía rápida para cubrir vacantes e implican que un juez es enviado desde el lugar que ocupa y para el que concursó -cumpliendo toda una serie de exigencias- a otro distinto. Los traslados funcionan, o funcionaron, en muchos casos, como una forma de cubrir una vacante que por vía original es un proceso que demanda alrededor de tres años. Si bien se trata de una herramienta que está contemplada dentro de las posibilidades, se exigen ciertos requisitos para concretarla. Precisamos el actual oficialismo entiende que no se cumplieron varios de ellos en los distintos casos en estudio, en especial la falta de paso por el Senado para conseguir acuerdo.
En la mira hay 10 jueces federales de distintas instancias y jurisdicciones: Eduardo Farah, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, María Verónica Skanata, Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias y Enrique Velázquez. Hoy, durante su exposición, Ustarróz defendió su informe explicando que existen tres tipos de traslados de jueces: los simétricos que respetan la jurisdicción y competencia, dentro de ellos los que requieren alguna excepción al reglamento, y los asimétricos en los que el magistrado trasladado no concursó para esa jurisdicción o competencia.
“Todos queremos un Poder Judicial mejor y para eso el planteo de Ustarróz”, sostuvo por su parte el presidente del organismo, el juez Alberto Lugones, integrante de la Comisión. Tras esto, agregó que se buscaba “generar garantías” a los jueces y a los ciudadanos. En su intervención también se refirió a las lecturas políticas sobre una posible “avanzada” del Ejecutivo sobre el Poder Judicial y sostuvo con vehemencia: “no hay búsqueda de impunidad de nadie. El Consejo tiene que hacer cumplir las leyes y la Constitución”. Luego de lo cual expresó: “es mi obligación como juez de la Nación” y entonces se refirió a los colegas suyos que podrían haberse presentado a concursos y no hubo posibilidad de hacerlo, porque las vacantes disponibles se cubrieron con traslados. Y agregó: "nosotros no venimos, como se dice públicamente, a darle impunidad a nadie: no van a ser nulos esos actos (de los jueces trasladados), no se preocupen”.
Lo hizo en referencia a las diferentes lecturas que se abrieron en los últimos días y apuntaban a los roles que ocupan varios de los jueces y que despertaron segundas lecturas respecto de la iniciativa del kirchnerismo, ya que los magistrados intervinieron en causas sensibles para el actual oficialismo. Mientras que Bruglia y Bertuzzi fueron los encargados de revisar la causa de los cuadernos de las coimas, en la que CFK es considerarada jefa de una asociación ilícita, Castelli integra el Tribunal que debe juzgar esa causa. En tanto que Villena es visto como quien habilitó la judicialmente el espionaje a la actual vicepresidenta.
El tema continuará tratándose la semana próxima. La Comisión de Selección además de Camaño y Lugones, está constituida por el juez Juan Manuel Culotta; el representante de los académicos, Diego Molea; el magistrado Ricardo Recondo; los legisladores Pablo Tonelli y Vanesa Siley y Ustarroz, por el Ejecutivo.
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