Anoche diputados aprobó y giró al Senado el proyecto de creación de una comisión bicameral de Identificación de las Complicidades Económicas y Financieras durante la última dictadura, motorizada por el kirchnerismo, con el que busca detectar la connivencia empresaria con la represión ilegal iniciada el 24 de marzo de 1976.
La iniciativa fue aprobada por 170 votos a favor, ninguno en contra, y 14 abstenciones de los diputados macristas y sus aliados Guillermo Durand Cornejo del partido Conservador de Salta y Roberto Pradines del Partido Demócrata de Mendoza, quienes evitaron dar los motivos de su postura.
El presidente de la Comisión de Legislación del Trabajo, el kirchnerista Héctor Recalde, defendió el proyecto de ley al repasar algunos hechos represivos que se dieron en distintas empresas y una entidad ruralista y sostuvo que "esto genera una obligación moral para todos nosotros, para que haya memoria verdad y justicia y no haya impunidad".
La legisladora del Frente de Izquierda Myriam Bregman coincidió con Recalde en la enumeración de algunos hechos y reclamó que la comisión a crearse sea "independiente de aquellos partidos que fueron cómplices de la dictadura, que aportaron intendentes, gobernadores y embajadores a la dictadura", y apuntó a la UCR.
En ese sentido, recordó que la referida comisión no puede ser integrada por quienes "votaron a la obediencia debida y el punto final" ni por "los partidos que votaron los falsos indultos", en alusión al PJ, y un minutos antes había nombrado el gobierno de María Estela Martínez de Perón "cuando se armaba la Triple A". "La complicidad con la dictadura no fue simbólica", sentenció Bregman y propuso la creación de una comisión integrada por "organismos de derechos humanos independientes".
La ley crea una comisión integrada por cinco diputados y cinco senadores nacionales (separados por Cámara en tres por la mayoría o primera minoría, uno por la segunda minoría y uno por la tercera minoría).
