La petición de representantes de los organismos de Derechos Humanos al presidente Alberto Fernández para replicar una ley francesa que pena el negacionismo histórico demostró este jueves que el debate sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura militar sigue sin cerrarse. En las redes sociales los usuarios ensancharon este jueves por la noche la “grieta” existente sobre el tema de los secuestrados y asesinados en la dictadura con consignas antagonistas, no exentas de burlas e ironías, como #NoFueron3000 y #Son30Mil: ¿pero cuál es la verdad?
La idea de implementar una ley contra el negacionismo fue abrazada por el presidente, que escuchó la propuesta al comienzo del periplo por Europa, más precisamente en Francia, donde recibió en el Hotel Regina a una veintena de argentinos que integran organismos de derechos humanos: la Asamblea de Ciudadanos Argentinos Residentes en Francia (ACAF), el Colectivo para la Memoria, H.I.J.O.S París y France Amérique Latine y Association des Amis est parents de françois disparus en Argentine.
En ese encuentro, los activistas le entregaron a Fernández la propuesta de replicar las normas francesas que penalizan el negacionismo del Holocausto, pero con la dictadura militar argentina. “Dijo que lo iba a estudiar. Nos comprometimos a entregarle un detalle pormenorizado de la ley antinegacionista que rige aquí en Francia. Acá no se puede decir a viva voz, en público, nada que implique la negación de crímenes contra la humanidad. Si andás por la calle con una esvástica, te penan”, explicó María Laura Stirnemann, de H.I.J.O.S. París.
"No está en el número, está en el hecho"
Las dudas sobre la cantidad exacta de personas desaparecidas nacieron el mismo primer día de dictadura, en 1976, y fueron alimentadas por personas de todas las posiciones. Los genocidas negaron varias veces en declaraciones públicas y entrevistas ser los responsables de la desaparición de personas, y dijeron que aquellos podían haber escapado por voluntad propia del país o asesinados por guerrilleros.
En 2003, el exdictador Reynaldo Bignone, dijo a la periodista francesa Marie-Monique Robin en el documental Escuadrones de la Muerte. La Escuela Francesa que “nuestro presidente [Néstor Kirchner] habla de 30.000, pero sólo fueron 8.000, de los cuales 1500 bajo el gobierno de ellos [peronistas]”
En 2012, durante una entrevista que le concedió al periodista Ceferino Reato, el exdictador Jorge Videla reconoció que "hubo chicos sustraídos, pero no fue un plan". "Yo soy el primero en reconocer que en ese período hubo chicos que fueros sustraídos, algunos con la mejor intención de que iban a una casa desconocida. Es un delito, pero no respondía a un plan sistemático. El gobierno no ordenó que se hiciera eso", dijo desde el Penal de Campo de Mayo, donde cumplía condena a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad. "Sobre cuántos son, se podrá discutir, no está en el número, está en el hecho", afirmó.
El represor, líder del golpe del 24 de marzo de 1976 y gobernante de facto durante cinco años, dijo en la entrevista que los cuerpos de los asesinados fueron desaparecidos "para no provocar protestas dentro y fuera del país" y que los empresarios dijeron "'tendrían que haber matado a mil, a diez mil más'".
"No había otra solución", dijo Videla; "estábamos de acuerdo en que era el precio a pagar para ganar la guerra contra la subversión y necesitábamos que no fuera evidente para que la sociedad no se diera cuenta. Había que eliminar a un conjunto grande de personas que no podían ser llevadas a la justicia ni tampoco fusiladas", dijo.
En la era de las redes sociales, el tema se volvió una provocación fácil: las frases “no fueron 30.000” y “son 6.000” son muy frecuentes. El caso más emblemático de los últimos años fue el del exfuncionario Darío Lopérfido, que cuando era ministro de Cultura porteño opinó que “en Argentina no hubo 30.000 desaparecidos” sino que “se arregló ese número en una mesa cerrada para conseguir subsidios”, lo que despertó una amarga polémica.
En respuesta, Estela de Carlotto, presidenta de la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dio una explicación muy convincente, pero que no convenció a quienes, de un lado de la grieta, no quieren dar su brazo a torcer: “Nosotros manejamos esa cifra de 30.000 porque los propios genocidas lo llevaron a 45.000. Todavía estamos recibiendo denuncias de nietos que nacieron en cautiverio porque hay personas que se están animando ahora a contar la verdad. ¡Qué maldad empezar a manejar cifras! Que nos dé la lista de los que él piensa que son, si la tiene”.
"Pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio"
El 20 de septiembre 2019 se cumplieron 35 años desde que la Comisión para la Desaparición de Personas (CONADEP) presentó el libro Nunca Más al presidente Raúl Alfonsin.
En sus páginas, el comúnmente denominado “Informe Sábato”, hacía un balance provisional de 8.960 desaparecidos forzosos durante la dictadura: “Si bien constan en los archivos de la CONADEP denuncias acerca de aproximadamente 600 secuestros que se habrían producido antes del golpe militar (...) es a partir de ese día que son privadas ilegítimamente de su libertad decenas de miles de personas en todo el país, 8.960 de las cuales continúan desaparecidas al día de la fecha”.
Se trataba de casos bien documentados, aunque Amnistía Internacional estimó en los ‘80 que el número de víctimas superaba las 15.000, mientras que las Madres de Plaza de Mayo siempre hablaron de no menos de 30.000 entre muertos y desaparecidos.
Voz experimentada en temas de derechos humanos y exintegrante de la Comisión, Graciela Fernández Meijide dijo, después de la polémica despertada por Lopérfido, recordó en un reportaje con el diario español ABC que en los gobiernos kirchneristas se dio como oficial el número de 30.000 desaparecidos, pero que la CONADEP solo pudo comprobar 7.954 casos.
“¡Cómo que no se sabe! Claro que se sabe, son todos los publicados por la Conadep”, dijo Fernández Meijide, que fue más allá: “Los exiliados en España habían formado la Comisión Argentina de Derechos Humanos. Entonces, no existía la figura de desaparición forzada”. Agregó que Eduardo Luis Duhalde, secretario de DDHH durante el gobierno de Néstor Kirchner, le contó que “pusieron ese número para poder apelar a la figura de genocidio y denunciar lo que estaba pasando”.
Según explicó la exintegrante de la CONADEP, Duhalde decidió convertir la “ficción” en versión oficial y colocó la cifra de 30.000 en un nuevo prólogo que escribió en 2006 para una nueva versión de “Nunca Más”, el libro que nombra a todas las víctimas del régimen militar registradas por la CONADEP: “De estos desamparados, muchos de ellos apenas adolescentes, de estos abandonados por el mundo hemos podido constatar cerca de 9.000. Pero tenemos todas las razones para suponer una cifra más alta, porque muchas familias vacilaron en denunciar los secuestros por temor a represalias. Y aún vacilan, por temor a un resurgimiento de estas fuerzas del mal”, escribió.
“Pasaron los años, se acabó el miedo", responde Meijide: ¿Me van a decir que hay 20.000 familias que no han denunciado la desaparición de un miembro?”
