El escándalo por el caso de los denominados “narcopolicías” crece y cada día complica un poco más la situación política. En un nuevo allanamiento realizado en la Central de Policía, el fiscal federal Enrique Senestrari, quien lleva adelante la causa, graficó la situación: “Esto es más grande de lo que parecía. Hay mucha información que sigue llegando en forma permanente por medio de nuevas denuncias”.
El gobernador José Manuel de la Sota, afectado políticamente por el caso, intentó tomar distancia y en una de sus pocas apariciones públicas consideró que “el gobierno ha hecho lo que debía hacer. Relevar el área y poner nuevos funcionarios. Ahora los fiscales y los jueces tendrán que resolver el tema a través de la sentencia”.
De la Sota designó el jueves a Miguel Angel Pizarro como nuevo jefe de la división Drogas Peligrosas de la Policía provincial en reemplazo del detenido comisario Rafael Sosa, investigado por presuntos vínculos con el narcotráfico. Junto a Sosa fueron detenidos los policías Franco Argüello, Fabián D’Attoli, Mario Osorio y Alfredo Saine. En tanto, el oficial principal Juan Alós, otro de los supuestos involucrados, fue encontrado muerto con un balazo en la cabeza en el interior de su vehículo en las cercanías de Bosque Alegre, en Alta Gracia, en un hecho que el fiscal Emilio Drazile determinó como suicidio, algo que la familia se niega a creer.
Además de los frecuentes allanamientos que se realizan en el marco de la investigación, esta semana la causa tuvo un nuevo aditamento cuando un grupo de fiscales y jueces mantuvo un duelo de declaraciones cruzadas en el que la principal afectada resultó ser la credibilidad de la Justicia cordobesa. Los magistrados Carlos Lascano, José María Pérez Villalobo y José Fabián Asís emitieron un comunicado informando que habían elevado una nota a la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, pidiéndole que intervenga en una causa de hace tres años que vincula a la Policía de la provincia con el narcotráfico y en la que había actuado Lascano.
“Pusimos en conocimiento de la procuradora la situación de gravedad institucional generada a partir de los faltantes de drogas, los elementos secuestrados y las investigaciones por la supuesta vinculación de policías de Drogas Peligrosas en actividades de narcotráfico”, aseguró el comunicado. La respuesta de los fiscales no tardó. Gustavo Vidal Lascano, Enrique Senestrari y Graciela López de Filoñuk calificaron de “inadmisible intromisión” el pedido de los jueces. El fiscal Vidal Lascano fue más allá y, molesto, afirmó: “Han puesto en jaque la credibilidad de los fiscales. Estamos hablando de esta cuestión en vez de hablar de la banda de policías delincuentes que hay en Córdoba”, señalaron.
