La repentina intervención de la Justicia en la crisis del campo introdujo en escena un elemento peligroso, con consecuencias impredecibles hacia el futuro. Los últimos días de este conflicto sólo aportaron incertidumbre, contradicciones y medidas erráticas. Cuando el diálogo sensato debió primar, se optó por la confrontación.
En menos de una semana se pasó de una competencia infantil por ver quién hacía el acto más grande el 25 de Mayo, a la suspensión de un diálogo acordado, la aparición en escena del ex presidente Néstor Kirchner utilizando al PJ como arma, las nuevas medidas de fuerza del campo, la reanudación de los cortes de ruta, el anuncio "unilateral" de medidas por parte del gobierno que modificaron el esquema original de retenciones y a la intervención de la Justicia en el conflicto.
Demasiado, para cualquiera.
Como en una cadena se van enlazando los eslabones de esta novela. Pero cada anillo es más grande. Cada apuesta redobla a la anterior. De todas ellas la última, la aparición de la Justicia como actor directo, parece ser, paradójicamente, la más delicada. No por su acción en sí, sino porque los destinatarios de su trabajo fueron opositores políticos y agrarios. La imagen de Margarita Stolbizer, de la Coalición Cívica, con sus dedos manchados de tinta después de "tocar el pianito" son todo un símbolo.
A contrapelo de la estrategia impulsada desde el 25 de mayo de 2003, fuerzas de seguridad intervinieron el viernes en un corte de ruta y detuvieron a ocho personas acusándolos de cometer delitos de estrago e interrumpir el tránsito en una ruta nacional. Casi al mismo tiempo, un fiscal federal imputó y citó a declarar a un grupo de políticos y dirigentes agrarios opositores por participar en un corte de ruta en San Pedro que había ocurrido el 19 de marzo pasado.
Entre los imputados estaban los presidentes de la Federación Agraria Argentina (FAA), Eduardo Buzzi, y de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Mario Llambías (dos de los cuatro integrantes de la Mesa de Enlace que llevan la protesta adelante), el intendente de San Pedro, Mario Barbieri, la secretaria de Integración Regional de Santa Fe, María del Carmen Alarcón, y Stolbizer. En ambos casos se sacó a relucir el artículo 194 del Código Penal, que se refiere a la interrupción del tránsito vehicular por tierra en una ruta nacional.
Es curioso que recién ahora la justicia o las fuerzas de seguridad hayan intervenido en una protesta de esta naturaleza. No lo hicieron cuando la protesta tomaba las calles de la ciudad de Buenos Aires. Ni cuando el ariete oficial Luis D'Elía copó una comisaría. Tampoco en Gualeguaychú donde desde hace años está cortada no una ruta sino el paso que une a la Argentina con Uruguay.
En ese último caso, por lo menos dos ministros que aún hoy siguen en funciones defendieron hace dos años la estrategia oficial de entonces de no utilizar a los uniformados en la protesta de Entre Ríos y llegaron a afirmar que sería imposible impedir los cortes porque se produciría un "estallido" por entender que detrás del reclamo no había un grupo de personas sino una comunidad.
Hace pocos días, incluso, la propia presidenta Cristina Fernández destacó que durante la gestión de su esposo, Néstor Kirchner, no se "criminalizó" la protesta pese a lo que pedían muchos.
¿Qué fue lo que hizo cambiar de forma de pensar a los fiscales o a los responsables de las fuerzas de seguridad? ¿Por qué antes no se "criminalizaba" la protesta y ahora parece que se va en ese camino? ¿Acaso determinadas protestas son válidas y otras no? ¿En ese caso, quién puede arrogarse el derecho de decidirlo? Lo ocurrido el viernes deja algunos puntos oscuros en cuanto a la espontaneidad de la actuación judicial, habida cuenta de la prescindencia durante los cinco años anteriores. La sucesión de hechos indica que al mediodía el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, aclaró que el Gobierno sólo intervendría para liberar las rutas cortadas ante una eventual orden judicial.
Tres horas más tarde, en San Pedro, los integrantes de la Prefectura Naval detuvieron a ocho personas por los cortes. Casi al mismo tiempo el fiscal federal de San Nicolás, Juan Murray, imputó por los cortes de ruta a Stolbizer, Buzzi, Llambías, Alarcón y Barbieri, entre otros. El mismo fiscal intervino en las ocho detenciones. Todo un en un mismo día.
Quizás alguien pensó que de esta forma se ayudaría a solucionar el conflicto o que enviando este tipo de mensajes harían retroceder a los que protestan...
Lo cierto es que esta crisis, con más de ochenta días de vigencia, lejos está de solucionarse y en cada jugada que realizan sus protagonistas van por más. Nadie, hoy, piensa en un diálogo. En el gobierno apuestan al desgaste y se afirman en su estrategia de no retroceder.
Néstor Kirchner pareció marcar el rumbo al afirmar ante legisladores leales que "no se puede ceder". Los que conocen a Néstor y a Cristina están convencidos que "saben lo que hacen". También juran que la decisión del gobierno de sostener las medidas que iniciaron el conflicto es "a muerte" y advierten que "cuando el peronismo cierra filas es imbatible".
En esa línea se enmarca el anuncio, el jueves, de resoluciones que modificaron el esquema original de retenciones. Lo que implementó el gobierno fue la propuesta que le llevaron a los dirigentes del campo en las pocas reuniones que llegaron a mantener. Tal como anticipó DyN, esas medidas implicaron la permanencia de la movilidad de las retenciones, pero morigeraron a futuro el peso de las mismas.
Con ellas, el gobierno se garantiza cobrar en lo inmediato más que antes, pero resigna ingresos en el futuro, en función del plan inicial. También accedió a facilitar a los pequeños productores inscriptos como monotributistas el acceso a los reintegros dispuestos oportunamente.
En la Casa Rosada afirman que de esta forma se cumplió con los dos reclamos fundamentales que le plantearon los dirigentes del campo a la propia Presidenta: la situación de los pequeños productores y el funcionamiento de los mercados a término.
Lo que la administración nacional no está dispuesta a ceder, y el campo no quiere perder, es el dinero resultante entre el esquema anterior (35 por ciento de retenciones) y el que regiría hoy (39-40 por ciento): entre 1.300 y 1.400 millones de dólares. Los próximos días no auguran un cese en la confrontación.
Desde el campo ya se anunció la continuidad de las medidas de fuerza y se convocó a un cese de actividades que trascienda su propio ámbito. Los sectores que viven del campo, sobre todo en el interior del país, ya adelantaron su adhesión. Si en el gobierno prima la misma actitud que hasta ahora, la reacción no será, seguramente, conciliadora.
Pero ambas partes están sufriendo el desgaste de la prolongación del conflicto. En el campo las entidades ya comenzaron a evidenciar diferencias en las posturas a adoptar y sus bases parecen tomar la iniciativa en la protesta. En el oficialismo son concientes de la pérdida de capital político y alguno de sus integrantes debieron soportar incómodas situaciones. Como el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, a quien recibieron con huevazos en su provincia. En el país, mientras tanto, los problemas de fondo, como la inflación y la inseguridad, continúan sin resolverse.
Fuente: DyN.
