Hace un mes, Cristina Kirchner anunció el envío al Congreso de un paquete de proyectos para “democratizar la Justicia”. Aunque la pompa con la que lo hizo no se condice con lo que sucede en la realidad: en el Parlamento no saben ni cuándo serán enviadas ni cuántas serán esas iniciativas.
Desde el Poder Ejecutivo aseguran que, pese al sigilo, los proyectos entrarían esta semana o a más tardar, la siguiente, por la Cámara de Senadores.
La primera sesión en la Cámara de Diputados, después de estas “minivacaciones” por Semana Santa, será el miércoles 10 de abril. Pero es difícil que ese día se trate en el recinto la “democratización” porque, para eso, los proyectos necesitan dictamen previo de comisión (a menos que los traten “sobre tablas”, lo que requiere que estén de acuerdo los 2/3 de los presentes).
El anuncio de CFK fue ante la Asamblea Legislativa. Cuando lo hizo, la batería de proyectos no estaba ni siquiera escrita. Tras las palabras de la Presidenta, el ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini; y el secretario de Justicia, Julián Alvarez, empezaron a trabajar en el tema. Pero las diferencias entre Zannini y el ministro de la Corte, Eugenio Zaffaroni –consultado para la ocasión–, demoraron la redacción. La nominación del Papa también contribuyó a desinflar la embestida del Gobierno nacional contra el Poder Judicial.
Del discurso de la Presidenta se desprendió el envío de al menos tres proyectos: uno para que los miembros del Consejo de la Magistratura sean elegidos por el voto popular; otro para la creación de un tribunal que se ocupe de resolver las medidas cautelares, con el objetivo de evitar que el efecto suspensivo impida la aplicación de leyes, como la Ley de Medios, que está en el fuero civil desde hace tres años; y un tercero para la transparencia del poder público (prevé la difusión de las declaraciones juradas y de las causas que tienen los jueces).
Cristina Kirchner también pretende presionar a la Corte Suprema para que derogue la acordada de 1996 que impide que los magistrados paguen el impuesto a las Ganancias. El kirchnerismo sostiene que si los ciudadanos lo pagan, los jueces también deben hacerlo. Y se apoyan en encuestas que favorecen esa postura.
La embestida del Gobierno contra el Poder Judicial se inició por la Ley de Medios pero se profundizó cuando el fuero civil y comercial –que, con sorna, el Ejecutivo llama en lo “Clarín y lo Rural”– hizo lugar a una cautelar para impedir la estatización del predio de La Rural en Palermo.
En los primeros seis meses del año, la Corte Suprema podría resolver dos asuntos que son delicados para el kirchnerismo: uno es la Ley de Medios, y el otro, los reclamos de las provincias por la coparticipación y el pedido de salirse del pacto fiscal (a través del cual financian el déficit de la Anses).
