Defensores y detractores de la despenalización del aborto desplegaron durante la última semana una batería de maniobras y presiones para intentar convencer a los legisladores indecisos, que en algunos casos incluyeron amenazas personales. Ante la inminencia de la sesión convocada para el próximo miércoles 13, el clima en la Cámara baja se fue recalentando a fuerza de mensajes, regalos y movidas cruzadas en redes sociales.
Facundo Garretón, diputado PRO de Tucumán, denunció haber recibido amenazas de parte de grupos autodenominados “pro vida” que difundieron su número de teléfono entre sus adeptos y, a raíz de esa situación, decidió lanzar una encuesta online. “Mi función es representar a los tucumanos y respetar el pensamiento de la mayoría, es por eso que necesito saber cómo votarías”, convoca Garretón en su sitio web, pese a que aclara que está “en contra del aborto y a favor de las dos vidas”.
La decisión se produjo además luego de la presión pública que ejerció el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, durante el tedeum del 25 de Mayo, en el que mencionó uno por uno a los diputados nacionales de su provincia, entre ellos Garretón, para pedirles que voten en contra. Según supo PERFIL, el arzobispo de Corrientes, Andrés Stanovnik, recibió a los legisladores de su provincia para transmitirles su postura, en sintonía con las presiones que ejercieron obispos y sacerdotes sobre diputados, en especial en distritos chicos. Esta situación fue confirmada por Daniel Lipovetsky, titular de la Comisión de Legislación General, que presidió todo el debate, que admitió que “hay mucha presión, sobre todo en el interior”.
A nivel de los fieles, la Iglesia también está haciendo su trabajo en las parroquias barriales. Ernesto Giobando, alumno de Jorge Bergoglio en el colegio San Miguel y actual obispo auxiliar de Buenos Aires, también pidió “rezar por los diputados” de todo el país para que se inclinen por la vida, durante una de las últimas misas que ofició en el barrio de Flores. Las iglesias evangélicas también movieron sus piezas para convencer a legisladores, e incluso pastores de ese sector citaban a reuniones dentro del edificio del Congreso, comentó una diputada oficialista que rechaza el aborto pero que se negó a concurrir.
El ex ministro de Salud durante el kirchnerismo Ginés González García, uno de los expositores a favor del aborto, denunció a través de su cuenta de Twitter que “están atacando en todo el país a los hijos de diputados que apoyan la despenalización del aborto”. Si bien no se difundieron los nombres de los legisladores afectados, fuentes parlamentarias indicaron que al menos una de las diputadas pertenece al Frente para la Victoria, que en su mayoría respalda la iniciativa.
Desde la vereda contraria, el diputado radical José Riccardo, que había tenido una postura inicial en contra de la despenalización, abrió en los últimos días una ventana hacia la posibilidad de cambiar su voto a partir de las modificaciones en el proyecto y, según advirtieron en el partido, el ex rector de la Universidad de San Luis recibió fuertes presiones de sectores de Franja Morada para repensar su posición.
Aval por la constitucionalidad
Una de las claves de la discusión sobre la legalización del aborto pasa por la constitucionalidad del proyecto. En particular, los detractores de la iniciativa apelan a que no cumple con lo que establece la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el organismo internacional con rango constitucional. Sin embargo, una carta oficial remitida a la Cámara de Diputados podría tirar por la borda el argumento.
El organismo planteó los alcances de su normativa en una carta que le envió al diputado Daniel Lipovetsky (PRO), uno de los animadores del debate y a favor de la legalización. Según pudo saber PERFIL, la CIDH plantea que el embrión no es vida, es decir, no hay vida en el momento de la concepción. Una interpretación distinta a la que pregonan los detractores de la legalización de la interrupción del embarazo.
Este es un punto clave: quienes están en contra del aborto apelan al artículo 4 de la Convención. En la carta se habla de una vida que va creciendo de acuerdo al desarrollo. Además, la misiva plantea: “La mujer tiene derecho a planificar su vida familiar y cuántos hijos tiene”. Por lo tanto, “limitar esa decisión” es “meterse en la esfera privada y eso está en contra de las disposiciones de la convención”. Según fuentes parlamentarias, el documento zanjaría el debate jurídico sobre la presunta inconstitucionalidad del proyecto.n
