El transfuguismo, término con el que el castellano define a quien "pasa de una ideología o colectividad a otra", y otras conductas contrarias a la voluntad popular, pueden tener sanción si se aprueba un proyecto de ley presentado en la Cámara de Diputados.
La lengua española, a su vez, caracteriza al tránsfuga como aquel que ocupando un cargo público "no abandona éste al separarse del partido que lo presentó como candidato" y al "militar que cambia de bando en tiempo de conflicto".
Dejando de lado la corrección de la terminología, a la fuga o cooptación de dirigentes políticos que se vino dando en los últimos años, motorizada especialmente por el kirchnerismo, popularmente se la conoce como "borocotización".
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
El proyecto impulsado por la diputada socialista Laura Sesma indica que el transfuguismo "podrá ser sancionado con la pérdida del cargo público que detenta, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional, el legislador electo por un partido político, alianza o frente electoral, que decide incorporarse o representar a otra opción política".
A la diputada cordobesa la acompañan en la iniciativa sus compañeros de bloque Silvia Augsburger, Ricardo Cuccovillo, Pablo Zancada, Lisandro Viale y Elda Gerez, a quienes se sumó Norma Morandini de Memoria y Democracia.
El proyecto precisa que el juez federal con competencia electoral podrá disponer la inhabilitación especial de cuatro a seis años para desempeñar cargos públicos del tránsfuga, cuando la conducta obedezca a un acto de corrupción.
En otro orden, la propuesta propone sancionar otra práctica bastante común en el Poder Legislativo que es cuando alguien ocupa una banca pero tiene en mira ir a un puesto en el Poder Ejecutivo.
En este supuesto, el texto le exige al legislador que al menos cumpla con la mitad de su mandato y lo inhabilita para postularse para otro cargo hasta que finalice el período por el que fue elegido.
Como siempre hay "una de cal y otra de arena", el texto establece que estará eximido de responsabilidad el funcionario público que demuestre que su conducta responde al incumplimiento de la plataforma electoral por parte del partido político, alianza o frente electoral por la que fue electo.
El proyecto, que ingresó a la Cámara el 25 de marzo, fue girado para su tratamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia.
La borocotización, neologismo argentino, tiene como raíz a Eduardo Lorenzo "Borocotó", médico pediatra y ex periodista deportivo que, apenas fue electo diputado nacional por la Capital Federal en 2005 en la lista del macrismo, hizo una voltereta hacia el Frente para la Victoria.
El escándalo mediático fue tal que Borocotó no se sumó al FPV y fundó el monobloque Movimiento Independiente, que igual no se distingue del oficialismo al momento de votar leyes.
Un caso anterior fue el Jorge Arguello, quien en los 90 fue diputado por el Partido Justicialista porteño y en 2003 logró volver al Congreso Nacional de mano de la centroderecha, al cual dejó rápidamente para irse al bloque del kirchnerismo. Ahora está en Nueva York, como embajador ante las Naciones Unidas.
Hay casos menos notorios como el de Paola Spátola, de origen peronista pero que también integró listas del acuerdo PRO- Recrear en 2005 y actualmente es aliada al oficialismo con su monobloque Guardia Peronista.
En la definición entrarían también diputados que en la última elección figuraron en las listas de la Coalición Cívica y, por diferencias con Elisa Carrió, luego fundaron en la Cámara baja el ARI-Autónomo, como Eduardo Macaluse y Carlos Raimundi.
Sesma argumenta en el proyecto que se propone sancionar "una estafa política al ciudadano que ve su voto modificado, su voluntad vulnerada y un completo estado de indefensión ante tales situaciones".
Consultada por DyN sobre estas conductas días atrás, Graciela Camaño, que en nombre del FPV preside la comisión de Asuntos Constitucionales, dijo sobre estas conductas que en realidad a la gente lo que le interesa "es que el dirigente tenga la capacidad de resolverle los problemas".
En cambio, Federico Pinedo, presidente del bloque de PRO y testigo de varios casos de "borocotización" en perjuicio de su fuerza, manifestó estar "totalmente de acuerdo" con sancionar ese tipo de conducta y sostuvo que "la base de la democracia es la representación del pueblo y si alguien en nombre de la democracia y engaña al pueblo tiene que ser castigado".
El vicepresidente del bloque de la UCR, Pedro Azcoiti, también expresó estar de acuerdo con el proyecto porque -opinó- "apunta a sancionar un tipo de conducta, o mejor dicho, de inconducta política, lamentablemente en boga en estos tiempos".
En esa línea coincidió la socialista Silvia Augsberger, quien reafirmó la voluntad de sancionar el transfuguismo porque desconoce "la voluntad popular, rompiendo con el vínculo de representatividad y convirtiendo a la política en un terreno para la consecución de intereses personales".
