El Gobierno invirtió al menos 2.520 millones de pesos en el último año para sostener la alianza con el jefe de la CGT, Hugo Moyano. El cálculo se queda corto, ya que se desprende de la escasa información oficial sobre subsidios. Pero ayuda a aproximarse a lo que el oficialismo está dispuesto a poner en juego con tal de sostener a su máximo aliado político.
Además de los negocios que se le atribuyen a Moyano en forma directa o a través de Camioneros, el líder gremial recibe el apoyo del Estado en distintas formas. Por ejemplo, el Régimen de Fomento de la Profesionalización del Transporte de Cargas contó en 2008 y 2009 con una caja de 530 millones de pesos, en concepto de reintegros de cargas patronales a las empresas, para garantizarse los aumentos salariales. El Gobierno aún no los pagó. En el Belgrano Cargas, tiene el 6 por ciento de las acciones. El ferrocarril recibe 300 millones de pesos anuales. Además, la Licencia Nacional Habilitante, obligatoria para todos los choferes, exigió una erogación de 180 millones de pesos en los últimos cinco años.
En la última semana, Moyano sumó a su emporio la gerencia de la estatizada Aerolíneas Argentinas, que factura alrededor de 80 millones de pesos mensuales, de los cuales 30 millones son de subsidios. La gestión está ahora encabezada por Mariano Recalde, hijo y asesor de Héctor, su principal abogado laboralista. Además, el líder camionero recuperó en menos de doce horas la conducción de la Administración de Programas Especiales (APE), que tiene prevista una caja de 1.000 millones de pesos para 2009. Esto ocurrió luego de que el gobernador de Tucumán, José Alperovich, intentó copar con un hombre propio el control de los subsidios a las obras sociales.
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