La Comisión de Selección del Consejo de la Magistratura trató esta semana, a pedido del representante del Ejecutivo en el organismo, Gerónimo Ustarróz, la situación de diez jueces federales que fueron trasladados, en su mayoría durante el macrismo. Tras casi dos horas de debatir el tema, quedaron planteadas dos posturas. Una que avala que los traslados tienen irregularidades y para zanjar la situación debe intervenir el Poder Ejecutivo o la Corte Suprema, y otra que apunta a que la situación ya está dada y que eventualmente solo puede judicializarse la situación. El tema volverá a tratarse la semana próxima y la legisladora Graciela Camaño, titular de la Comisión, pidió que el tema se resuelva con la “mayor prontitud posible”.
Los traslados de magistrados son una vía rápida para cubrir vacantes e implican que un juez es enviado desde el lugar que ocupa y para el que concursó –cumpliendo toda una serie de exigencias– a otro distinto. Los traslados funcionan, o funcionaron, en muchos casos, como una forma de cubrir una vacante que por vía original es un proceso que demanda alrededor de tres años. Si bien se trata de una herramienta que está contemplada dentro de las posibilidades, se exigen ciertos requisitos para concretarla.
El actual oficialismo sostiene que no se cumplieron varios de ellos en los distintos casos en estudio, en especial la falta de paso por el Senado para conseguir acuerdo.
En la mira hay 10 jueces federales de distintas instancias y jurisdicciones: Eduardo Farah, Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Germán Castelli, Esteban Hansen, Federico Villena, María Verónica Skanata, Zunilda Niremberger, Juan Manuel Iglesias y Enrique Velázquez.
Varios de ellos, como los de Bruglia, Bertuzzi, Castelli y Villena, despertaron segundas lecturas sobre la intención del oficialismo, ya que tuvieron que intervenitr en causas que involucran al kirchnerismo. Punto que en el debate del jueves se intentó disipar. “No hay búsqueda de impunidad de nadie. El Consejo tiene que hacer cumplir las leyes y la Constitución”, afirmó el presidente del organismo, Alberto Lugones.
