El Consejo y el Congreso deben intervenir por jueces

Tras el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre el traslado de jueces, el Consejo de la Magistratura y el Congreso Nacional, deberán intervenir en el tema en base a lo resuelto por el máximo tribunal, que en sus 134 páginas se dirigió a ambas dependencias. En lo inmediato y concreto deberá hacerlo el primero y el segundo, con vistas a futuro. La resolución sobre el caso de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que fueron trasladados durante el macrismo y cuestionados con la llegada del kirchnerismo, tiene alcance sobre otros magistrados que cambiaron de despacho en base a la misma herramienta a lo largo de otros gobiernos, y que ahora quedaron en una situación provisoria hasta tanto se llamen a nuevos concursos.

El número total de magistrados en esa situación se desconoce de momento con exactitud, pero el hecho ya genera preocupación en tribunales, tal como lo advirtió el viernes la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (Amfjn).  

“Los magistrados recurrentes en esta causa, y todos aquellos que ocupan transitoriamente cargos de la judicatura por traslado, continuarán ejerciéndolos y gozando de la garantía de inamovilidad hasta el momento en que sean designados por nombramiento los magistrados que ocupen de modo definitivo dichos cargos, luego de cumplido el proceso constitucional”, sostuvieron en su fallo por mayoría desde la Corte Suprema el último martes.

A lo largo de 134 páginas del fallo desde el máximo tribunal fue que también se dirigió al Congreso y el Consejo. A este último, dónde comenzó la movida del oficialismo  para revertir los traslados, la Corte le indicó, entre varios puntos, que deberían llamar a un nuevo concurso para la Cámara de Apelaciones, en el que Bruglia y Bertuzzi tendrán oportunidad de presentarse.

El máximo tribunal también consideró que es necesario ajustar las conductas a la Constitución Nacional y exhortó al Poder Legislativo para que regule la institución de los traslados de magistrados. Fue asumiendo que la herramienta es un mecanismo de contingencia, transitorio, que no debe ser utilizado en reemplazo del nombramiento constitucional. La alusión no fue casual. Los traslados son una herramienta usada por los diferentes gobiernos para cubrir vacantes, que en general son de un 25% disponible con el que cuentan.    

En ese sentido fue que tras conocerse la decisión de la Corte comenzaron a mencionarse que había alrededor de 70 magistrados, aunque el número podría ser menor. Entre otros motivos porque hay casos previos a la existencia del Consejo -que se creó a raíz de la Convención Constituyente y comenzó a funcionar en el 2000- y por ende la designación o traslado de los magistrados era diferente.

Desde el Consejo trascendió que podrían pedirse especificaciones a la Corte sobre su fallo, sin embargo desde el Palacio de Tribunales consideran que no es necesario, que el alcance de la decisión es claro.

En términos reales, lo más inmediato sobre el tema deberá tratarse en el Consejo, en el que para poder avanzar con la situación el oficialismo deberá negociar con la oposición. Un escenario difícil que se suma a una derrota parcial que sufrió el oficialismo con el fallo, ya que la decisión del máximo tribunal les impide disponer de forma inmediata, como buscaban, de las vacantes en la estratégica Cámara. “Ahora tendrán que ponerse de acuerdo oficialismo y oposición. Es la hora de hacer política”, sostuvieron frente a PERFIL fuentes del caso. “Si es por la Corte, Bruglia y Bertuzzi se quedaron, eso no puede leerse bajo ningún punto de vista como un triunfo para el kirchnerismo. Lo que hubo fue un fallo basado en la Constitución”, completaron.

Bruglia y Bertuzzi definen esta semana su futuro

Esta semana se conocerá la decisión de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi sobre su futuro, tras el fallo de la Corte. Luego de conocer la decisión, los magistrados se tomaron días hasta mediados de esta semana para decidir si renuncian ahora a los puestos a los que fueron trasladados por el macrismo, en la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Py y vuelven a los despachos de jueces de Tribunal Oral Federal, en los que estaban hasta 2017 y 2018 respectivamente, o bien si deciden permanecer allí hasta tanto se cubran las vacantes por concurso, del que podrían participar.

En caso de decidir quedarse en la Cámara, los magistrados tienen un promedio de unos dos o tres años allí de acuerdo a los tiempos que usualmente maneja el Consejo, hasta tanto cubrir las plazas. El último certamen para llenar una vacante allí tardó diez años. Comenzó en el primer gobierno de kirchnerismo y  se cubrió en el de Macri.