Lo hizo primero vía Twitter y luego en su descargo a viva voz, cuando su imagen trascendía en las pantallas de las cadenas de noticias que una a una se plegaban pese al veto judicial a televisar el paso de la senadora Cristina Fernández de Kirchner por Comodoro Py. “Lawfare puro”, esgrimió la futura vicepresidenta de la Nación, esa era la única razón que la obligaba a estar sentada, otra vez, “en el banquillo de acusados”.
Cuatro días después, Laura Alonso, en las antípodas ideológicas de Cristina, también enfrentó a la Justicia y terminó procesada por el presunto encubrimiento de funcionarios del gobierno saliente en la concesión de beneficios a la petrolera Shell. Al salir, la titular de la Oficina Anticorrupción también denunció “lawfare”. “Apelaremos un procesamiento político e injusto. Sin evidencias ni pruebas. Totalmente armado y con intencionalidad política. No hay que ser muy vivo para darse cuenta quiénes vienen por la venganza y el ‘lawfare’”, tuiteó.
“El lawfare es multiuso, no es solo contra fuerzas progresistas. El gran problema es distinguir, en todo caso, cuándo alguien me denuncia porque hice malversación de fondos y cuándo se trata de un hostigamiento judicial inapropiado”, explica Gustavo Arballo, profesor de Derecho en la Universidad Nacional de La Pampa. Y añade: “La pelea que hay en torno a este término es si quien lo alega está usando el concepto de manera correcta o como una suerte de cortina de humo para deslegitimar un proceso. Más de una vez, hay datos que solo se conocen estando dentro de la causa y lo que, desde afuera parece una arbitrariedad total, luego tiene su razón de ser con los datos completos.”
En este sentido, el rol de los medios como un actor más en la ecuación judicial entre las partes juega un rol sustancial. Fernández los mencionó en su defensa: “No es lo que está en el expediente, no son las pruebas documentales, es la construcción mediática que poco tiene que ver con el derecho ni con los hechos”, aseguró al sostener que la auditoría sobre la obra pública no evidenció “deficiencias constructivas de relevancia”.
Ricardo Gil Lavedra, ex ministro de Justicia y profesor consulto de la Universidad de Buenos Aires señala que todos los procesos que involucran a funcionarios están cargados con una alta dósis de política y “los políticos, obviamente, van a decir que esto es una persecución”. Y aunque pone el foco en la imparcialidad de la Justicia como antídoto, coincide en catalogar a los medios como un factor distorsivo para la labor judicial, en ciertos casos: “Como los medios tienen una dinámica diferente a la de los expedientes, esto ejerce en los tribunales una presión indebida. Porque los medios califican, revelan la prueba, y se produce algo que es muy malo y es el trapicheo entre jueces y periodistas.”
Esta semana, el Consejo Jurídico del Grupo de Puebla, el Clajud, exigió a las autoridades ecuatorianas que cesen en la persecución política de opositores mediante los tribunales. En aquel foro de referentes progresistas que tiene al futuro presidente Alberto Fernández como uno de sus líderes centrales, consideran que las causas contra Cristina, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y el ecuatoriano Rafael Correa, entre otros, son evidencias contundentes de lawfare porque se desconocen las garantías procesales elementales.
“Por supuesto que no se puede generalizar. No todo es lawfare y no todos son presos políticos, obviamente depende de cada caso pero, en lo que respecta a Cristina, no tengo ninguna duda que tiene un objetivo político claro”, subraya el jurista Roberto Carles, miembro de ese cuerpo. En diálogo con Perfil, cuestiona la forma cómo se ha utilizado la asociación ilícita en estas causas en las que “a cualquier implicado, le tiran con esta figura como una amenaza de una pena más alta sin elementos” que lo sostengan. Y denosta también el “abuso de la prisión preventiva en toda la región” que, en el caso de la Argentina, se basa en “la teoría de los vínculos residuales, una presunción contra el acusado que se debe demostrar para que sea válida”.
