A los pocos días de la tragedia de Once, a finales de febrero pasado, desde la Casa Rosada se envió una orden contundente a los Cirigliano: "Tienen un mes para poner todo en orden". Desde Balcarce intuían que la Justicia iría, tarde o temprano, contra los empresarios del transporte y la trama multimillonaria de los subsidios podría quedar al descubierto.
De todas maneras, el juez federal Claudio Bonadío les dio cuatro meses y medio de gracia a los Cirigliano. Pero cuando la Policía llegó a las sedes centrales de Trenes de Buenos Aires (TBA) y Cometrans, no todo estaba como habían pedido en la Rosada.
La Justicia encontró en los talleres de San Martín de Emprendimientos Ferroviarios S.A. (EMFER) -las empresa de Cirigliano que repara formaciones- una montaña de documentos en la zona de calderas y otras tantas pilas de papeles en un camión que se dirigía a una recicladora, según consta en la pericia contable de la instrucción de la causa a la que accedió en exclusiva Perfil.com.
Ese no fue el primer intento de deshacerse de documentos comprometedores de los Cirigliano: pocos días después de la tragedia, empleados de TBA fotografiaron miles de biblioratos, balances y formularios de TBA a medio quemar o en cenizas en la caldera de ese mismo taller, situado en General Savio 2570, según reveló el diario BAE Económico.
Balance fatal. Entre marzo y abril, el magistrado solicitó información contable a las empresas de los Cirigliano -entre ellas Favicor, la financiera que cobraba los subsidios desde la Secretaría de Transporte- y sus apoderados fueron contestando los requisitorios. Pero el 24 de mayo todo cambió: el Gobierno rescindió el contrato de concesión de las líneas Mitre y Sarmiento a los Cirigliano.
El 25 de mayo -feriado- personal de Metrovías y Ferrovías llegó a la planta central de TBA y Cometrans, en Ramos Mejía 1358 2º piso, del barrio porteño de Almagro, por lo que los balances de TBA fueron trasladados a los talleres de EMFER, donde antes funcionaba Fabricaciones Militares.
En los días posteriores a que el Gobierno le terminara de soltar la mano a los Cirigliano, la Justicia allanó varios domicilios de su holding. En casi todos se hallaron papeles muy desordenados, apilados en el piso y en espacios poco comunes para guardar ese tipo de documentación.
El 30 de mayo a las 14:00, Bonadío ordenó allanar la sede legal de TBA de Ramos Mejía 1358, para saber dónde estaba la documentación de TBA. Como los peritos no podían dar con el responsable contable, tuvieron que pedirle el celular del contador al mismo secretario de Transporte, Alejandro Ramos. Al final, el contador apareció.
El 5 de junio, el domicilio de TBA volvió a ser allanado. La Policía ingresó, pero sólo hallaron unos DVD con estadísticas de TBA. Bonadío sospechó maniobras para eludir a la Justicia y por eso imputó y detuvo a uno de los gerentes de máxima confianza de los Cirigliano, Carlos Alberto Lluch, por "haber sustraído del control del tribunal documentación contable de TBA". Luego la Cámara Federal invalidaría lo actuado por Bonadío y excarceló al empresario.
Perfil.com consultó a Cometrans -firma que controla en un 95% TBA- sobre estos hechos y desde la empresa señalaron "la Sala II de la Cámara Federal, instancia superior al Dr. Bonadío, no interpretó así la supuesta obstrucción y lo dejó de manifiesto al decidir la excarcelación de las personas detenidas por el Dr. Bonadío. La Cámara entendió que no existió tal obstrucción".
Así, el 6 de junio de 2012, el día que un grupo de la Delegación de Delitos Federales y Complejos de la Policía Federal, encabezados por el subinspector Leonardo Frontera y el subcomisario de la Bonaerense Antonio Gregori (secciónal San Martín), ingresaron por la fuerza a la planta de EMFER en General Savio 2750.
Los policías encontraron en el área de calderas "libros contables de 2001 en adelante" de TBA, según el acta policial que se archivó en la pericia contable que encargó Bonadío. También se hallaron dos camionetas con "biblioratos, cajas y encuadernaciones con papeles varios, pertenecientes a las empresas que operan en este predio" que, según pudo averiguar la Policía, estaban destinados a una recicladora de papel.
(*) De la redacción de Perfil.com. Twitter: @diegogueler
