En los últimos dos años, el Gobierno gastó al menos $ 174 millones en pagos a consultoras privadas, según un relevamiento preliminar de la Asociación Civil Bajo La Lupa, que lidera Margarita Stolbizer, y al que accedió PERFIL. Posibles conflictos de intereses y la supuesta sustitución de las tareas del personal estatal son algunas de las observaciones del informe. Los 24 casos analizados son apenas una muestra del universo de contratos de consultoría privada, una práctica que ejercen casi todos los gobiernos. Y como el iceberg, tienen una característica: pudieron ser relevados porque los ministerios los hicieron públicos. En el propio Ejecutivo, estiman que muchos organismos no los han dado a conocer.
Entre los 24 casos, 13 contrataciones son del Ministerio de Modernización, que dirige Andrés Ibarra, a diez consultoras para distintos proyectos. El principal contrato es el otorgado a las empresas Matrice Consulting SRL y Pistrelli, Henry Martin y Asociados SRL por casi $ 17 millones. Las compañías debían “asistir al diagnóstico, planificación, diseño y seguimiento de proyectos que mejoren la eficiencia operativa de los servicios públicos”.
Modernización también contrató a AW/Grupo Estratégico de Negocios SA ($ 4,3 millones) para evaluar la opinión pública sobre la gestión. Otra empresa, Marketing y Comunicación Política SA, fue contratada por $ 1,4 millones para asesorar a la Dirección de Relaciones Institucionales en “imagen y comunicación externa”. Price Waterhouse tiene un contrato de $ 2 millones para realizar el Proyecto Identidad Digital. Turismo tercerizó un asesoramiento y servicios informáticos. PCG SA ganó otro contrato de $ 5,4 millones para “mejorar las relaciones laborales y la eficiencia”. La Oficina Nacional de Empleo Público pagó un millón de pesos para evaluar el desempeño del personal estatal. En otro caso, el ministerio contrató dos consultoras por un total de $13 millones para “brindar asistencia técnica” en los planes para “fortalecer y reposicionar” al organismo que lleva adelante la “modernización del Estado”.
Voceros de Modernización sostuvieron que “la decisión de contratar a las consultoras, que en todos los casos trabajan junto a los empleados públicos del ministerio, tiene que ver con un asesoramiento para llevar adelante estos cambios culturales en todo el Estado. Se busca un valor agregado”. Sobre la cantidad de contratos, añadieron: “Se trabaja en conjunto con todas las áreas de Gobierno”.
El Ministerio de Turismo tiene dos contratos en la lupa. La cartera de Gustavo Santos contrató a la consultora Matrice Consulting SRL por $ 9,3 millones para el “mantenimiento correctivo, evolutivo y soporte del sistema informático del Programa Nacional de Turismo Interno”. El ministerio también pagó $ 489.990 (más pasajes) a un especialista en turismo religioso para “posicionar turísticamente a la Argentina como país de diálogo interreligioso, desde donde se promueven los valores de la paz, el respeto, el diálogo”, entre otros. “Se requieren perfiles integrales que complementen el expertise de la planta técnica del ministerio”, respondieron.
El Programa de Mentores de Emprendedores del Ministerio de la Producción es uno de los criticados por el informe: “La actividad principal de la empresa adjudicada (Dialal SRL) es servicio minorista de agencia de viajes, no encontrándose fundamento para la adjudicación de casi $ 50 millones”. Esta adjudicación apuntaba a brindar asistencia técnica y capacitación a nuevos emprendedores. Según Producción, incluye a 400 mentores para 400 emprendedores. “El mentoreo exige un expertise específico”, se defendieron.
La cartera de Francisco Cabrera tiene otros dos convenios cuestionados: se contrató a la empresa McKinsey Argentina SRL por casi $ 20 millones para un estudio del sector de servicios, y a la Consultora de Estudios Bonaerenses SA por $ 5,7 millones para la elaboración de un plan maestro para el Mercado Central (el contrato lo hizo la Secretaría de Comercio). “Se requirió contar con personal técnico capacitado y realizar benchmark internacional. No se contaba con personal propio para realizar un plan así”, afirmaron voceros de Cabrera.
En Energía, a cargo de Juan José Aranguren, tiene dos contratos observados: uno de ellos por $ 1,5 millones adjudicado a Bain & Company Argentina, para que evalúe “el interés nacional e internacional de empresas para invertir en la exploración costas afuera” de recursos energéticos. También debe adjudicarse un proyecto de $ 24,2 millones para la venta de los activos de Enarsa en la compañía Citelec, que requiere “asesoramiento financiero especializado”, dijeron voceros de Energía.
El informe incluye un caso que ya dio que hablar. La Oficina Anticorrupción contrató por $ 1.320.000 a SMS-San Martín Suárez y Asociados para la elaboración de un mapa de riesgo de corrupción de un organismo estatal: Senasa.
El Ministerio del Interior tiene pendiente un contrato de $ 1.250.000 para “el diagnóstico de la situación actual en lo referente a procesos, aplicaciones y personas”. Todavía no lo adjudicó pero el destinatario sería Olivia Tecnologías de Aprendizaje y Mejora SA. Busca “unificar los sistemas informáticos y de organización de distintas áreas que durante el kirchnerismo estaban en otros ministerios. Todavía no se definió si vamos a seguir adelante”, aclararon voceros de Rogelio Frigerio.
Proveedores recurrentes
El informe de Stolbizer resalta que en los contratos analizados “se repiten en muchos casos las mismas empresas que eran contratadas en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires” y que “los pliegos no ofrecen los detalles suficientes para poder individualizar con claridad y transparencia la necesidad de millonarias contrataciones de servicios de consultoría”. La ONG cree que en algunos casos “se estarían privatizando tareas que son propias del Estado, duplicándose los costos para la administración pública” y evaluarán “potenciales conflictos de intereses”. La contratación de consultoras privadas está reg u lada por ley. La norma exige cier tas características, como que las empre - sas tengan como “objeto exclusivo la prestación de servicios de consultoría”, que “las dos terceras partes de los socios que integren las firmas consultoras sean profesionales universitarios”, y que esos títulos guarden relación con el objetivo social de la compañía. Los consultores y las firmas no deben tener relación de dependencia con ninguna entidad del Estado ni estar “vinculadas a las empresas que financien, ejecuten, provean o sean destinatarias del objeto de servicio”, aclara el informe.
