POLITICA
Historia de un secuestro

El Estado argentino deberá indemnizar a uno de los secuestradores de Macri por violar derechos humanos

Por torturarlo durante la investigación, la condena fija una importante suma en dólares. El llamado de atención al Gobierno.

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| Cedoc

El Estado argentino deberá indemnizar a un ex agente de la Policía Federal por haber sido torturado en 1991 por otros policías, quienes buscaban que confiese sobre el secuestro del entonces empresario Mauricio Macri.

Lo determinó la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ubicada en San José de Costa Rica, la semana pasada, y fijó una indemnización de 297 mil dólares, por daños y prejuicios, para el comisario Juan Carlos Bayarri, informó el diario Clarín.

El fallo de la CIDH es un duro llamado de atención para la Argentina, ya que le reclamó al Gobierno que capacite a sus fuerzas de seguridad y de justicia en "actividades de difusión y formación sobre la prevención de la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes", según el matutino.

La condena cierra el episodio judicial del secuestro de Macri, ocurrido cuando aún no era jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sino un jóven heredero de las empresas de su padre. El 24 de agosto de 1991 fue capturado por tres desconocidos cuando salía de su casa, en Palermo Chico.

Los secuestradores lo ocultaron en un sótano de la calle Garay, en San Telmo, durante 13 días, en los que fue alimentado por un agujero en el techo. El 5 de septiembre, lo liberaron tras recibir un automóvil Mercedes Benz que contenía 6 millones de dólares en efectivo.

Las sospechas del caso recayeron sobre una banda integrada por policías. Juan Carlos Bayarri, ex comisario, estuvo preso 12 años, 6 meses y 5 días, hasta que en 2005 la Cámara Federal porteña determinó que había sido torturado y lo sobreseyó. Otros efectivos de la fuerza de seguridad fueron condenados, pero gracias a este fallo, parte de la causa se cayó. Los investigadores terminaron imputados.

Tras haber sido sobreseido, Bayarri reclamó una compensación económica. Como no la obtuvo, demandó al Estado ante la CIDH, que sentenció que el Estado argentino violó los derechos de libertad e integridad personal, e "incumplió su obligación de investigar con la debida diligencia la tortura a la que fue sometido el señor Juan Carlos Bayarri", informó Clarín.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ordenó al Estado "eliminar inmediatamente" el nombre de Bayarri de cualquier antecedente penal, y de avanzar con el procedimiento para castigar a los torturadores. Es la segunda condena que Argentina y la Policía Federal reciben de parte de este organismo desde su creación, en 1984.