El Gobierno nacional otorgó a una empresa insolvente dos de las cinco licitaciones del sistema único de boleto electrónico para colectivos (SUBE), un negocio para el que se destinarán 84 millones de dólares.
Todo el proceso licitatorio está bajo la lupa. En tres de las cinco licitaciones se llegó a la apertura de la oferta económica con una sola empresa en condiciones de ser elegida.
Además, en las licitaciones 4 y 5 los requisitos eran tan exigentes que quedaron afuera todas las empresas nacionales, pese a que el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) había certificado que estaban en condiciones de participar.
Como si todo esto fuera poco, en la Justicia Federal recayó un recurso de amparo la semana pasada, que pide que se anule una de las adjudicaciones por considerar que hubo “irregularidades y arbitrariedad manifiesta” por parte de Nación Servicios, el organismo que convocó a la licitación.
La causa está en el Juzgado Federal Nº 10 a cargo de Liliana Heyland.
