El gobierno nacional, a través del Ministerio de Trabajo, pedirá la inconstitucionalidad de los artículos de la nueva Constitución aprobada en la provincia de Jujuy en los que se sanciona y restringe la protesta social.
Así lo anticipó la ministra Kelly Olmos, quien precisó que la cartera que conduce “emitió un documento para que el gobierno de Jujuy revise la legislación sobre derechos laborales institucionales, que buscan llevar al nivel penal lo que son derechos laborales absolutamente institucionalizados en la Argentina”.
Con los votos del oficialismo de Juntos por el Cambio y de la oposición justicialista, el miércoles por la noche se votó una reforma parcial de la Constitución jujeña en la que se ratifica la prohibición de los cortes de ruta en el marco de protestas, así como la ocupación de edificios públicos en medio de reclamos sociales y gremiales.
En ese contexto, organizaciones sociales, políticas, gremiales, de derechos humanos y pueblos originarios de Jujuy confluyeron este viernes en una multitudinaria marcha de protesta que se acopló al plan de lucha que vienen manteniendo desde hace diez días los docentes de la provincia.
El gobernador Gerardo Morales, en su rol de presidente de la Convención Constituyente, defendió el cambio al sostener que se trata de la incorporación y ampliación de derechos. También dijo que la nueva Constitución introduce disposiciones que se hacen eco de los profundos cambios sociales, económicos y políticos que hubo desde 1986, año en que entró en vigencia la normativa reformada.
