En el nuevo esquema que plantea el Gobierno con el proyecto Argentina Digital, que abre el mercado de las telecomunicaciones, adquiere un rol clave la red de 30 mil kilómetros de fibra óptica que construyó el Estado en los últimos años. Serán los funcionarios kirchneristas los que decidirán si alguno de los grandes jugadores o de los nuevos actores que quieran ingresar al mercado puede distribuir sus servicios a través de esa red.
Mientras las principales empresas telefónicas y de comunicación audiovisual discuten para ver quién es la principal beneficiada o perjudicada del proyecto, el Gobierno se convierte en juez y parte de un negocio en el cual nunca pudo hacer pie. Desde los primeros años en el poder, el kirchnerismo generó las condiciones para que empresarios amigos ingresaran en áreas clave de la economía. Pasó, sobre todo, en los hidrocarburos, la obra pública, el juego y los medios. Sin embargo, el de las telecomunicaciones siempre fue un terreno complicado. El último gran proyecto fue la empresa de telefonía móvil estatal Libre.ar, que no logró funcionar.
En este escenario, el oficialismo avanza con un proyecto con el que apunta a varios frentes: condiciona a Clarín porque ahora competidores de peso podrán brindar TV paga; evita resolver sobre la incompatibilidad entre Telefónica y Telefe por la Ley de Medios (aunque el problema de ser de capitales extranjeros seguirá existiendo) y, a la vez, busca abrir un mercado conservando un férreo control estatal que da lugar a decisiones discrecionales.
“Es entendible que el Gobierno quiera avanzar con un campo tan importante y con tantas falencias antes del fin del mandato: nuestra capacidad condiciona a actores a negociar. Y es indudable que se vincula con el recrudecimiento de la guerra con Clarín”, considera el especialista en telecomunicaciones Gustavo Fontanals.
Para una fuente vinculada a los “cableros”, “esto es un gran negocio más, se hace con los tres monstruos para sumar caja y para tener de aliados a los poderosos”. Para Telefónica y Telecom, esa red estatal puede ser clave para llegar a regiones donde no llega o donde todavía no cambió las redes de cobre a fibra óptica. Telecom, además, tiene el factor de que el mexicano David Martínez todavía negocia la habilitación del Gobierno para controlar la filial argentina. Claro, del también mexicano Carlos Slim, podría aprovechar para sumar redes terrestres a la telefonía móvil.
Pero la fibra óptica estatal también podría ser alquilada por nuevos operadores, que evitarían así tener que desembolsar multimillonarios fondos para invertir en las construcción de redes. “Si el Gobierno quisiera, podría montar su propia ‘cablera’ y pasar contenidos por esa red, pero no es necesario porque tiene la Televisión Digital Abierta (satelital), pero puede digitar las eventuales ofertas de los privados para que se queden con todos los tendidos y operen como un gran proveedor de contenidos amigables”, consideró la radical Silvana Giudici, de la Fundación Led.
Desde la Secretaría de Comunicaciones explicaron que la red “está entrando en su última etapa, que es la iluminación de la fibra óptica”, lo que le dará total funcionamiento. Y reconocieron que tienen “negociaciones comerciales con varias empresas privadas para la utilización de servicios sobre la Red Federal”.
