El juez Federal, Alberto Recondo, del juzgado Criminal y Correccional Nº4 de La Plata, solicitó ayuda a especialistas informáticos sobre las distintas amenazas contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner que llegaron al sistema de alerta 911 y que, según argumentó el Gobierno, provendrían del grupo fundamentalista Estado Islámico.
Días atrás, luego de un encuentro con el Papa en Roma, la Presidenta afirmó que recibió amenazas de los yihadistas. Durante una conferencia de prensa contó que dos policías denunciaron ante la Justicia los mensajes.
“La denuncia realizada por los dos comisarios fue a raíz de que habían aparecido amenazas del Estado Islámico contra mi persona, por la amistad con el Papa Francisco y por la posición de la existencia de los dos Estados: del Estado de Palestina y del Estado de Israel”, argumentó Cristina Kirchner. Una vez en Nueva York, la mandataria volvió a hablar sobre el tema. Primero, ante la Asamblea General de la Naciones Unidas y luego, en el Consejo de Seguridad, aunque no brindó nuevos detalles y se refirió a las mismas “como nota de color”.
Las amenazas llegaron al sistema de alerta del 911, que recibe llamados y correos electrónicos.
El secretario de Seguridad, Sergio Berni, reconoció la existencia de la amenaza, pero no quiso dar detalles, tras escudarse en el “secreto de sumario”, aunque subrayó que “nunca hay que minimizar una amenaza”. “Se está trabajando con el servicio de inteligencia del Estado y las fuerzas de seguridad”, explicó. Las hipótesis que el funcionario dejó trascender es que los mensajes podrían estar ligados a la posición de la Presidenta sobre conflictos en Medio Oriente y su cercanía al Papa. Nada fuera del libreto que trazó Fernández de Kirchner.
Discreción. El cerrojo informativo con que el Gobierno manejó el tema creó confusión hasta en los organismos de inteligencia y las fuerzas de seguridad. Los primeros en tomar conocimiento de las amenazas, como explicó PERFIL, fueron dos jefes departamentales de la zona sur de la Policía Bonaerense. Por ese motivo, los investigadores primero creyeron que las intimidaciones partieron desde la provincia.
Las advertencias no sólo fueron dirigidas contra la Presidenta. El jefe de la Policía Federal, comisario general Román Di Santo, quien curiosamente también sería un objetivo del presunto grupo terrorista.
La causa. El juez notificó a las embajadas y, en especial, a las autoridades de Estados Unidos y de Chile, ya que en uno de los mensajes del supuesto grupo terrorista se adjudicó el atentado del 8 de septiembre en una zona comercial conectada a un subterráneo de Santiago de Chile y que dejó 14 heridos.
Las amenazas llegaron a manos de la Justicia a través de tres correos electrónicos dirigidos a [email protected] (del sistema de alerta del 911) y partieron de la cuenta [email protected].
“En la Argentina habitamos muchos musulmanes nacidos en este país infiel. La guerra santa la haremos también aquí: atención Cristina, vos sos un objetivo lo mismo que Román Di Santo y varios periodistas (del diario La Nación) por agrandar la popularidad del hombre más poderoso de los cristianos", dice uno de los tres correos, con fecha del 31 de agosto. Y agrega: "Estamos en disposición de morir y llegar a ser mártires por Alá y extender el poder por todo el mundo, el nuevo Estado Islámico".
El segundo mensaje llegó un día después. En esa misiva, el grupo se atribuye el “atentado terrorista ocurrido en Chile” y advierte: “Los infieles deben morir o negociar y someterse".
Un tercer correo llegó el 9 de septiembre. En él, se amenaza con cometer un “genocidio”. “La guerra santa se aproxima y la sangre que será derramada son el éxito del islamismo a nivel mundial”, proclama.
“¡Idiotas! Hace más de 15 días enviamos un correo advirtiendo de los ataques terroristas que tenemos planeados para la Argentina, indicamos que hablamos poco pero que actuamos con prisa. Nos acreditamos el atentado en Chile, es sólo el comienzo... Si no quieren un genocidio en su país, negocien, infieles”, dice el correo.
Precauciones. El fiscal del caso AMIA, Alberto Nisman, habría sido uno de los primeros en enterase. “Lo llamaron para consultarlo, él se encuentra fuera del país y el lunes pediría una serie de medidas”, señaló una fuente allegada al fiscal, antes de recordar que el funcionario ya fue amenazado en reiteradas oportunidades. Según su entorno, puede actuar de oficio por ser un caso presuntamente vinculado al terrorismo.
La Policía Federal reforzó la seguridad en una serie de “objetivos sensibles”, que incluye algunos edificios de la colectividad judía. También limitó el acceso al edificio central de la fuerza y puso en alerta a la División Unidad de Investigación Antiterrorismo (DUIA) y a otras unidades especiales contra el crimen organizado.
Mientras tanto, el dispositivo de seguridad de la Presidenta sigue siendo el mismo, aunque se intensificó el “servicio adelantado”: el grupo de inteligencia y seguridad que llega con anterioridad a los lugares por donde pasará la comitiva presidencial. “La amenaza es real y toda la comunidad de información está en alerta”, reconocieron a PERFIL agentes de la un agente de la SI.
