El Correo Argentino presentó un descargo ante la Cámara en lo Comercial -luego del dictamen de la fiscal Gabriela Boquín que rechazó el plan de pagos alcanzado con el Estado-, en el que culpó a la gestión kirchnerista y propuso una audiencia pública para encontrar una "salida razonable" al largo proceso judicial en busca de una solución justa y equitativa para todos los interesados.
La empresa acusó al ex presidente Néstor Kirchner de llevar en el Correo Argentino "la peor estatización realizada por el Estado Nacional" porque "despoja a la concesionaria de todos sus activos, y le deja todos los pasivos, sin reconocer importe alguno en concepto de pago por los bienes apropiados y las inversiones realizadas".
Según dijo, "cuando asumió la presidencia de la Nación el Dr. Néstor Kirchner, al poco tiempo, de modo intempestivo, sin que su administración haya resuelto los planteos interpuestos por Correo Argentino SA, decidió por decreto -hacia fines del año 2003- rescindir el contrato de concesión y apropiarse de todos los bienes y activos de Correo Argentino SA, sin pagar por ellos un solo centavo. Una verdadera confiscación que se encuentra totalmente proscripta en el derecho argentino".
"Mientras Correo Argentino SA permanecía en Concurso, intentando sobrevivir a los embates jurídicos y sobre todo políticos de la anterior administración, el Estado Nacional seguía usufructuando -y continúa haciéndolo- en forma gratuita, de todos los activos de propiedad de Correo Argentino SA, convirtiéndose así en el principal beneficiado de la prolongación de la situación concursal", añadió.
En un escrito al que accedió DyN, el Correo refutó ante la Sala B de la Cámara Comercial los argumentos de la fiscal Boquín pidiendo rechazar el acuerdo por abusivo y de mala fe, y reclamó que la Sindicatura General se pronuncie sobre el cálculo "actualizatorio" del Ministerio Público.
La fiscal afirmó que el pago de 600 millones de pesos que habían pactado el Estado y el Correo (296 mil por la deuda original y el resto por intereses a partir de 2018 a 2033) implicaría una quita de 4 mil millones de pesos en la actualidad y de más de 70 mil millones para dentro de 15 años.
"Estamos frente a un proceso judicial abierto, limpio, con reglas claras, auditado y controlado por tres sindicaturas", sostuvo la firma.
En caso de no hacer lugar a su planteo, la empresa solicitó que se analice llamar a audiencia pública, "invitando a la misma a las sindicaturas general y controlante, al Estado Nacional, a la Procuración del Tesoro, a la Oficina Anticorrupción y a la Fiscalía, a los efectos de tratar de encontrar de buena fe y en conjunto, una salida razonable a este largo proceso concursal que merece una solución justa y equitativa para todos los interesados".
"La propuesta no es abusiva, ni implica una condonación de ningún tipo. Alcanza al 100% del crédito del Estado Nacional en términos nominales más un 7% de interés, según los parámetros expuestos en el punto 1.5 que antecede", se sostuvo.
También se advirtió que "la propuesta no es un acuerdo espurio, ni antojadizo, ni oscuro. Es una mejora de propuesta alcanzada en el marco de un proceso público, en una audiencia pública, con la presencia de todas las sindicaturas actuantes en autos, que han dado si aprobación, y sin merecer impugnación alguna de más de sus 600 acreedores".
"Podemos también preguntarnos qué se entiende por propuesta abusiva como la misma Fiscal lo hace. Sencillamente podemos concluir en que, abusivo sería, teniendo los medios y los fondos con qué pagar, pagar antojadizamente menos sólo por un interés espurio. En cambio, en el caso que nos trata y a diferencia de otras actitudes o procedimientos del Estado Nacional (por ejemplo, YPF, Aerolíneas Argentinas, Aguas Argentinas entre otras), en el caso de Correo Argentino SA el Estado Nacional al rescindir maliciosamente la concesión se apoderó sin derecho alguno de todos los activos y dejó en manos de Correo Argentino SA todos los pasivos", se añadió.
Según la empresa, "la representación del Estado Nacional es absolutamente válida en los términos de la ley vigente y en el marco de representatividad" y rechazó los cuestionamientos a la ley de Etica Pública.
"No existen irregularidades en el proceso concursal, más allá del tiempo que ha llevado un expediente tan complejo. Es gratuito endilgarle la responsabilidad de tal dilación a la concursada, que es quien más esfuerzo ha realizado para impulsar el proceso", se añadió.
"Estamos frente a un proceso judicial abierto, limpio, con reglas claras, auditado y controlado por tres sindicaturas, y además ellas de carácter plural. Todas han intervenido en el discurrir del procedimiento y han presentado su conformidad con las mejoras de propuestas concordatarias, luego de varios esfuerzos realizados por mi mandante en tal sentido", afirmó.
