“¿Cómo los vamos a descartar, si son los acusados?”, se preguntó Germán Martínez, con la intención de ratificar que el oficialismo sí tiene en mente citar a Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti a la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados.
Desde diciembre ya circulaba la intención del Ejecutivo de convocar a sesiones extraordinarias para tratar la agenda económica pendiente pero el pedido de juicio político a la Corte Suprema logró generar mayor expectativa sobre cuándo se conocerá el llamado a través del Boletín Oficial y cuál será el temario definitivo.
Martínez explicó ayer que, en la comisión que preside la entrerriana Carolina Gaillard, “en una primera etapa se hace un análisis formal de las condiciones que sustentan el juicio político y se abre un sumario. Después viene la etapa probatoria, donde uno trata de reunir la mayor cantidad de elementos para sustentar la acusación. Allí se puede, obviamente, pedir la presencia de aquellos que son acusados. Por lo tanto, eso está bajo análisis”.
Y continuó: “Vamos a invitar a todos los que tengamos que invitar. Pensamos que el tema tiene una trascendencia institucional enorme. Ha habido por parte de la Corte sistemáticas incursiones en competencias que son del Poder Judicial y del Poder Ejecutivo. Hablamos de aspectos institucionales que afectan al conjunto de la democracia, gobierne el Frente de Todos u otro espacio político”.
Martínez y Gaillard fueron los dos representantes parlamentarios que recibieron de manos del presidente Alberto Fernández el pedido de juicio político, también firmado por gobernadores peronistas.
“Primero el Presidente nos pidió que la solicitud realizada por él y por los gobernadores de las provincias pueda tener trámite parlamentario. Eso implica la canalización administrativa necesaria para que nosotros podamos tener condiciones de tratarlo en la Comisión de Juicio Político y que podamos allí iniciar el proceso solicitado por el Presidente y por los gobernadores”.
Luego contó que “nos pidió ser muy argumentativos, fundamentar todo, darle mucha seriedad institucional al proceso y tratar de que sea un espacio con muchos argumentos y pocas chicanas. También nos recomendó un apego absoluto no solamente a lo que indica el reglamento de la Cámara, sino de la Comisión de Juicio Político”.
La comisión, que no se reunió nunca durante 2022 pese a que recibió otros cinco pedidos de juicio político, tiene 31 integrantes, 16 de los cuales son del oficialismo. Con ese número, siempre que haya asistencia perfecta, el Frente de Todos tiene garantizado el quórum para debatir y las firmas necesarias para sacar dictamen.
El plan contempla sesenta días de investigación, con la presencia de testigos y acusados, para dar paso luego a la etapa de discusión entre los propios legisladores. La comisión también la integran 14 diputados de Juntos por el Cambio y el legislador del Interbloque Federal Alejandro “Topo” Rodríguez, que no está dispuesto a dar su apoyo al plan oficial. “Este intento de juicio político marcha al fracaso y le hace daño al país”, argumentó el bonaerense en diálogo con PERFIL.
Según dijo, “el argumento de que el Poder Judicial se estaría entrometiendo en las decisiones del Congreso de la Nación por la cuestión del Consejo de la Magistratura es una opinión del Poder Ejecutivo pero no es la posición institucional del Congreso de la Nación”.
Rodríguez participa en un interbloque de ocho integrantes, lo que da la pauta de las complicaciones que tendría el oficialismo si lleva el tema al recinto, muy lejos de los dos tercios requeridos.
El camino del juicio político
◆ El FdT le dará ingreso a través de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja.
◆ Esta comisión está integrada por 31 miembros, 16 son del Frente de Todos, 14 de Juntos por el Cambio y uno del interbloque Federal. La preside la oficialista Carolina Gaillard.
◆ Esta mayoría le va a permitir al oficialismo avanzar con la denuncia.
◆ La comisión puede convocar testigos, solicitar intervenciones de comunicaciones telefónicas y la declaración del funcionario acusado. Al finalizar la investigación se emite el dictamen, que debe contar con el aval de la mitad más uno de los integrantes presentes.
◆ Con el dictamen, el pedido de juicio político pasa al recinto. Se necesitan los dos tercios de la Cámara de Diputados. Hoy tiene 118 miembros de los 170 que necesita.
◆ Si se aprueba, pasa al Senado donde el FdT tampoco tiene número.
