Esteche negó haber incendiado sede del MPN

El detenido lider de la agrupación Quebracho,  Fernando Esteche, negó hoy toda responsabilidad en el ataque a una sede porteña del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y reclamó, junto a otros once militantes presos, el beneficio de la excarcelación, al que ya se opuso el fiscal Federico Delgado.

El juez federal Ariel Lijo, que durante la jornada indagó a los doce detenidos, decidirá en las próximas horas si dispone la libertad de los acusados o los mantiene presos hasta tanto defina su situación procesal, tal como pretende la fiscalía, dijeron fuentes judiciales.

La mayoría de los imputados rehusó declarar ante el juez Lijo y el fiscal Delgado, mientras que Esteche formuló un descargo para negar toda participación en el incendio provocado el jueves en el local del MPN ubicado en Salta y Moreno de esta capital, en repudio a la represión en Neuquén en la que fue herido de muerte el profesor de Química Carlos Fuentealba.

Esteche contó que parte del grupo que realizó una protesta sobre la avenida Nueve de Julio, pero negó haber participado del ataque a la sede del MPN porque, según dijo, se retiró para preparar el equipaje que iba a llevar en el viaje que iba a emprender hoy a Venezuela.

Por su parte, una ciudadana boliviana de apellido Gutiérrez -única mujer entre los doce detenidos- dijo ante los investigadores ser ajena al incendio y luego rehusó responder preguntas.

Ayer, militantes de Quebracho y otras agrupaciones presuntamente quemaron neumáticos frente a la Casa de Salta e incendiaron un local del MPN en repudio a la represión que derivó en la muerte de Fuentealba, un docente neuquino que fue herido mientras participaba de una manifestación por mejoras salariales.

Un total de 16 personas fueron detenidas, por orden de Lijo, bajo cargos de atentado y resistencia a la autoridad, lesiones, daños e intimidación pública, y quedaron alojadas en la comisaría 4ta., desde donde fueron trasladadas hasta la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal.

En el grupo se encontraban "cuatro menores de edad que fueron retirados por sus padres" antes de que los restantes doce acusados -entre ellos Esteche, Gutiérrez y un joven de 19 años- fueran llevados desde la Superintendencia hasta los tribunales federales de Comodoro Py 2002, dijeron voceros.

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) denunció que los detenidos "fueron golpeados dentro del juzgado", pero los investigadores negaron esa imputación. La abogada María del Carmen Verdú, titular de Correpi, dijo que "los maltratos comenzaron en el mismo operativo de traslado. Los llevaron a tribunales con la cara contra el piso", dentro de un camión policial.

Ante las cámaras de TV, Verdú manifestó: "Si tomamos en cuenta el período transcurrido desde mayo de 2003 (cuando asumió el presidente Néstor Kirchner) a la fecha, ningún gobierno nacional ha tenido la cantidad de presos políticos que ha tenido éste, que se autodenomina descaradamente el gobierno de los derechos humanos".

La jornada de declaraciones duró más de 15 horas. El juez alojó a los acusados en una habitación contigua a las salas que fueron acondicionadas en 2001 para el juicio por el atentado a la AMIA, "lo que provocó las quejas de los abogados, que querían hablar con estas personas antes de haber asumido formalmente su defensa en el expediente", relataron las fuentes.

Consultados sobre las agresiones denunciadas por Verdú, voceros judiciales aseguraron que "no es cierto, nadie agredió a nadie, los detenidos fueron atendidos y en todo momento se los respetó, como corresponde".