Las pruebas que analiza la Justicia penal complicarían cada vez más la situación procesal del juez federal Norberto Oyarbide, en el marco de la causa que investiga el juez Luis Rodriguez por un supuesto pedido de soborno en su nombre y en el de su Secretario, Carlos Leiva, por 300 mil dólares para frenar el allanamiento en la financiera Propyme, el pasado 19 de diciembre.
Guillermo Greppi, dueño de la financiera denunció que los policías de la DIFOC, División de Investigación Federal de Organizaciones Criminales, bajo el mando del oficial, Angel Castro, irrumpieron de manera violenta y le pidieron 300 mil dólares a cambio de frenar el operativo.
Los videos de las cámaras de seguridad de Propyme, que consiguió en exclusiva Perfil.com, demuestran que el operativo fue abusivo por parte de los policías que desenfundaron sus armas, demoraron a los empleados, los privaron de su libertad, les sacaron los teléfonos celulares, los amedrentaron con las armas de fuego, los trataron con violencia e incluso utilizaron un ariete de hierro para tirar abajo una puerta.
En el juzgado de Rodriguez analizan impulsar una serie de pruebas testimoniales, entrecruzamiento de llamadas, pericias técnicas informáticas y económicas para reconstruir lo sucedido y ligar las responsabilidades de los que protagonizaron el allanamiento.
Abusos. Para la Justicia, las imágenes demostrarían que se trataría de maniobras rutinarias y regulares que acostumbrarían realizar los oficiales de la Difoc.
Incluso se investiga la intervención ya probada de los policías involucrados en esta causa, en otras como los allanamientos en la causa de la “Mafia de los medicamentos” y en la que el mismo Oyarbide elevó a juicio oral o en la que investigaba a Sergio y Pablo Schoklender por el desvío millonario de fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo para la construcción de viviendas sociales, entre otras.
Si bien la causa se encuentra en estado embrionario ya se advierte que será una extensa investigación.
Sensibilidad extrema. En base a las pruebas analizadas, fuentes judiciales precisaron que no sólo estaría complicada la situación procesal de Oyarbide, sino también la del Secretario de la Legal y Técnica, Carlos Zannini, como la de su segundo, Carlos Liuzzi, quien habría llamado al juez para suspender operativo.
(*) Especial para Perfil.com
