El juez federal Luis Rodríguez llamará en los próximos días a nuevos testigos del caso que compromete a su par, Norberto Oyarbide.
El Consejo de la Magistratura debe ocuparse de evaluar si el juez más polémico del fuero federal cometió irregularidades al frenar un allanamiento ante el llamado del número dos de Carlos Zannini. PERFIL reveló ayer que Carlos Liuzzi recibió en su despacho, en al menos tres oportunidades, a Guillermo Greppi, dueño de la financiera allanada por orden de Oyarbide. El allanamiento, en medio de pedidos de coima, se levantó cuando Liuzzi llamó a Oyarbide.
Mientras eso sucede y el kirchnerismo intenta frenar el avance contra Oyarbide, en los tribunales de Retiro, el juez Rodríguez tiene a su cargo el meollo de la cuestión: un expediente en el que su colega y miembros de una brigada de la Policía Federal son investigados por el supuesto delito de cohecho, o, en términos más llanos, por el presunto pedido de coimas.
El juzgado de Rodríguez no adelantó a quiénes citará como testigos, pero fuentes judiciales precisaron que tomará la decisión en los próximos días. En el expediente, ya declararon varios de los empleados de la financiera Propyme, allanada el 19 de diciembre y donde los policías habrían pedido una coima de 300 mil dólares primero y 3 millones y 2,5 millones de pesos después.
Propyme fue allanada en el marco de una causa por supuesto lavado de dinero que investigaba el juzgado de Oyarbide. Ese día, el magistrado firmó una orden de allanamiento para 22 financieras. PERFIL reveló hace una semana que, a diferencia del dueño de Propyme, Guillermo Greppi, otros financistas visitados ese día por la policía sí accedieron a pagar sumas millonarias para frenar los allanamientos. Dos financistas y un estudio contable reconocieron que pagaron sobornos de alrededor de 2 millones de pesos cada uno. Pero pidieron reserva de identidad y dudan si declararán ante la Justicia. En el mundo de las financieras, levantar el perfil es mala palabra.
Desde que Greppi denunció el hecho, las financieras del microcentro porteño se sienten en la mira. Muchas de ellas están acostumbradas a pagar sobornos para poder operar al borde la ley y con dinero negro. Sienten que la denuncia los expone. Un financista que estuvo investigado por Oyarbide en otra causa incluso llamó a Greppi para cobrarle tres viajes a Punta del Este. En su momento, lo había llevado a Greppi en su jet privado “de onda”, pero está “ofendido” porque su colega mencionó que tuvo “problemas” cuando fue allanado en aquella causa. Otros que fueron allanados el 19 de diciembre no le atienden el teléfono. Temen ser llamados como testigos y tener que admitir que pagaron coima.
