La moratoria tributaria que se debate en la Cámara de Diputados quedó envuelta en una polémica por las denuncias opositoras de que se trataría de un traje a medida para que se beneficie a Cristóbal López. En ese marco, el diputado de la Coalición Cívica Juan López insistió con un pedido a la Oficina Anticorrupción (OA) para que el presidente Alberto Fernández informe la lista de sus clientes en los tres años previos a consagrarse como Presidente. Busca tener claro en qué consistió el asesoramiento que el Presidente le habría realizado a autoridades de Oil Combustibles cuando se desató la polémica judicial en el caso que llevó al empresario a prisión.
La semana pasada, López presentó una nota en la Oficina que conduce Félix Crous en la que pide que informe si avanzó o no en un pedido anterior que había realizado en diciembre último. En ese momento, había planteado que se le sugiera al flamante Presidente que presente una “Declaración Jurada de Intereses” en la que consten “aquellos clientes que tuvo dentro de los últimos 3 años, y declare si, en los últimos 3 años dirigió, administró, representó, patrocinó, asesoró, o, de cualquier otra forma, prestó servicios a quien gestiona o tiene una concesión o es proveedor del Estado, o realiza actividades reguladas por éste”.
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Esa nota había sido presentada el 16 de diciembre, pero siete meses después no hubo novedades. Por eso, el diputado de confianza de Elisa Carrió presentó el último 14 de julio un pedido de informes ante la OA para saber si el organismo le sugirió a Fernández presentar una declaración jurada de intereses, y en caso de respuesta informativa que le envíe una copia de la resolución y de la respuesta (si la hubiera). Por el contrario, si el organismo no avanzó, le pide las razones que justifican no haber avanzado en ese sentido.
Uno de los argumentos que esbozó López es que los candidatos a integrar la Corte Suprema, gracias a un decreto firmado por Néstor Kirchner y el propio Fernández, deben adjuntar una copia de los “estudios de abogados a los que pertenecieron o pertenecen, la nómina de clientes o contratistas de por lo menos los últimos 8 años”.
El nombre de Alberto Fernández vinculado a Oil Combustibles tuvo trascendencia cuando la intervención encontró una factura a su nombre. Luego, se comprobó que no había sido pagada. El Presidente aclaró después que su asesoramiento era a las autoridades de la empresa y que su rol nada tenía que ver con ayudar judicialmente a Cristóbal López o su socio, Fabián de Sousa.
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Hasta ahora, lo único que se conoció públicamente del pedido de López fue una respuesta que Crous dio en una entrevista con Infobae, en la que planteó que estaba “trabajando con ese pedido, está tramitando”. “El planteo es muy interesante, es razonable y serio. Nos pronunciaremos en breve sobre ese asunto”, agregó.
PERFIL consultó a fuentes de la Oficina Anticorrupción y de la Casa Rosada para saber las posturas al respecto, pero no hubo respuesta. Desde la OA aclararon que todavía no se respondió el pedido de información del diputado.
Ahora, desde la Coalición Cívica evalúan los pasos a seguir. No descartan, en última instancia, presentar una denuncia penal y plantear un conflicto de interés.
El debate por la moratoria reavivó la polémica. Esta semana, los diputados de Juntos por el Cambio le presentaron una nota al presidente de la Comisión de Presupuesto, Carlos Heller, en la que advierten que no pueden “dejar de mencionar que la ingeniería legal incorporada en el proyecto de ley –deliberadamente o no- luce como un traje a medida de las necesidades de la empresa OIL Combustibles”
Está todo bien con ejercer la profesión y tener clientes, también con ir a buscarlos al penal. Algunos lo hacen a plena luz del día como @FernandezAnibal y otros no quieren decir quienes fueron sus clientes cómo @alferdez.
— Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR) July 22, 2020
Desbloquee a este otario Aníbal que me entretie 😉 pic.twitter.com/BagFDcZvPU
GZ / DS
