Alberto Fernández supo en marzo que la administración estadounidense de Joe Biden compartiría vacunas para frenar “la pandemia a nivel mundial”. Pasaron las semanas y la posibilidad de que Argentina se quede sin estas dosis por tratarse de inyecciones producidas por laboratorios con los que el país no había firmado contrato hizo que el Presidente dé la orden a sus funcionarios de máxima confianza encontrar una salida.
La secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra; la ministra de Salud, Carla Vizzotti; y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini, coordinadas por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, fueron las encargadas de avanzar no solo en las negociaciones con los laboratorios que incluían a Pzifer, Moderna y Johnson & Johnson, sino también en los cambios a la Ley de Vacunas que permitirán finalmente cerrar los contratos. Solo estos funcionarios y el Presidente conocían los detalles que sorprendieron incluso a los propios diputados oficialistas. Horas antes, los legisladores del Frente de Todos habían rechazado debatir un proyecto para destrabar un posible acuerdo.
La orden presidencial llegó cuando el gobierno estadounidense comprometió el reparto de dosis manufacturadas por los tres laboratorios con los que la Casa Rosada aún no había avanzado en la firma de contratos.
“Las negociaciones están abiertas”, insistían desde la Casa Rosada sobre Pfizer después de distintos cruces y acusaciones que involucraron al oficialismo y a la oposición. Días atrás, Vizzotti aseguró: “Se está en los últimos tramos de las negociaciones”. El objetivo era dar a conocer los contratos con estos tres laboratorios en las próximas semanas, pero el Presidente aceleró los tiempos y la publicación del portal ElDiarioAr sobre el decreto llevó a oficializar los planes.
Con el Presidente en la Quinta de Olivos, Ibarra y Vizzotti (con Nicolini detrás de cámara) fueron las encargadas de anunciar los cambios en la Ley de Vacunas. “Este decreto es el resultado de un proceso de conversaciones y negociaciones con laboratorios. Es un proceso largo y debimos atender al reclamo de la población en general y entender los requisitos de las empresas. Llegar a esta compatibilización fue un trabajo arduo”, dijo Ibarra.
Sobre los cambios, la secretaria Legal y Técnica detalló: “Creamos un fondo de reparación de covid-19 para responder al pago de indemnizaciones ante la eventualidad de que una persona sea dañada por la aplicación de la vacuna”, dijo sobre el primer cambio.
Con respecto a la mayor polémica que tuvo que ver con la palabra “negligencia” en la Ley que frenó los acuerdos, Ibarra detalló: “Se suprime la negligencia como supuesto de responsabilidad para quienes tienen a su cargo la investigación, desarrollo, fabricación y suministro de vacunas contra el covid-19, teniendo en cuenta que esto es un supuesto de responsabilidad”. Y aclaró: “En los contratos a firmar se va a establecer el modo en el que el Estado recibe conforme o no las vacunas que pidió”.
En conferencia de prensa, Ibarra también detalló que el DNU que lleva la firma de Alberto Fernández se agregó que tendrán “inmunidad soberana” todos los bienes del Estado. “Recibimos una instrucción muy precisa del Presidente de que todos los bienes soberanos establecidos en la ley de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda deben permanecer soberanos”, dijo la funcionaria. Durante las negociaciones se habían generado cruces sobre esto ya que habría existido un pedido uno de los laboratorios norteamericanos, de que el Estado respondiera con recursos propios cualquier problema con la aplicación de las dosis.
Además, se anunció que también se decidió reemplazar la referencia de la ley 27.573 a conductas maliciosas por conductas dolosas “a las cuales sí responden los proveedores”. También, en materia de inmunidad de los bienes del Estado, se eximen las regalías.
La ministra de Salud, Carla Vizzotti, aseguró que estas modificaciones “Dan la perspectiva de avanzar con contratos bilaterales, obtención de vacunas dentro del mecanismo Covax y a través de donaciones”. Esto significa poder contar con vacunas que puedan combinarse con las que ya se aplican en Argentina, pero también avanzar con la vacunación en menores de 18 años, tal como permite Pfizer.
