“Precaución” y “prudencia” fue lo que solicitó el jefe de Gabinete, Alberto Fernández, ante la decisión de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, de volver a cortar rutas este fin de semana, luego de que se conociera un documento que manifestaba que las papeleras no producirían impacto sobre el medio ambiente.
Fernández, preocupado por los nuevos piquetes, manifestó en Radio América que “eso hay que verlo con mucho cuidado; es un tema complicado porque existe un conflicto internacional en el medio, hay un planteo de la Argentina y un fallo del Tribunal Arbitral del Mercosur”.
Asimismo, el ministro agregó que iban a “estudiar bien cómo es el tema, porque todo obedece, aparentemente, a un estudio de impacto ambiental que es su borrador, una cosa bastante confusa, que se conoció hace un par de días atrás”.
El escrito que salió a la luz “por error”, es de la Confederación Financiera Internacional -dependiente del Banco Mundial-, donde se señalaba que las pasteras que tienen planeado construirse en la ciudad uruguaya de Fray Bentos -frente a la zona turística de la provincia de Entre Ríos-, no generarían contaminación alguna.
Después de conocerse la información del organismo que hizo el estudio, los asambleístas decidieron reunirse anoche, donde decidieron volver a cortar la ruta 136, que une Gualeguaychú con Fray Bentos, a través del puente internacional General San Martín.
Por su parte, la fiscal de Estado de Entre Ríos, Claudia Myzawak, aseguró que un nuevo corte de ruta en Gualeguaychú perjudica a la Argentina ante la Corte Internacional de Justicia de la Haya y dificulta las acciones en relación con la demanda contra Uruguay por la intalación de las pasteras sobre el río Uruguay.
“La decisión de los asambleístas rompe con la estrategia argentina y entorpece los posibles pasos a seguir en la demanda que el Estado nacional llevó a La Haya contra Uruguay por violación del Tratado del Río Uruguay”, agregó la fiscal en declaraciones a la agencia Télam.
Además, la decisión adoptada por los asambleístas, provocaría que los abogados que integran el equipo técnico de Cancillería, en representación de la Asamblea Ambientalista de Gualeguaychú, pongan su renuncia a disposición del Ministerio de Relaciones Exteriores, por ser incompatible su estrategia judicial con los cortes de rutas.