Funcionarios K acuden a ex Sushi para embarrar causas

La estrategia jurídica para desligar al ex director del Organo de Control de Concesiones Viales (Occovi), Claudio Uberti, del escándalo de los 800.000 dólares que intentó ingresar ilegalmente al país el venezolano Antonini Wilson, se teje en las oficinas del primer piso del edificio de avenida Córdoba 323. Lo mismo se hace en ese lugar para salvar a Jorge Matas, el funcionario que desplazó la Cancillería tras el escándalo por la utilización de franquicias diplomáticas para la importación ilegal de automóviles de lujo.

En esas oficinas funciona el estudio jurídico de Darío Richarte, número dos de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) en las épocas de Fernando de la Rúa, e integrante del grupo Sushi. Su socio, Diego Pirota, un joven abogado de escasa trayectoria profesional, es el encargado de estampar la firma y llevar y traer los escritos de las dos causas que desvelan al oficialismo.

Otro de los habitúes del estudio es Víctor Cipolla, funcionario de la Dirección General de Cancillería y allegado al entorno de Matas. Cipolla llegó a ser consejero de Embajada de la SIDE con base en Madrid y con jurisdicción en toda Europa, y gracias a su militancia dentro del grupo Sushi ocupó el cargo de director general de Operaciones de la SIDE durante el gobierno de la Alianza. En el mundo de Tribunales y de la Cancillería sostienen que Richarte y Cipolla responden al operador radical Enrique “Coti” Nosiglia.

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